Los consejeros de Educación de las cinco comunidades autónomas que no están gobernadas por el Partido Popular --Andalucía, País Vasco, Cataluña, Asturias y Canarias-- han afirmado este miércoles que es "imposible" empezar a aplicar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en el curso 2014-2015, y además han criticado el contenido de la misma y la "falta de diálogo" del Gobierno con los ejecutivos autonómicos sobre este tema.
El responsable de Educación en el Ejecutivo autonómico andaluz, Luciano Alonso, así como los consejeros Cristina Uriarte (País Vasco), Irene Rigau (Cataluña), Ana González (Asturias) y la viceconsejera Manuela de Armas (Canarias) han comparecido en una rueda de prensa en Madrid para expresar su postura conjunta unas horas antes de participar en la Conferencia Sectorial de Educación para estudiar los decretos de enseñanzas vinculados a la reforma educativa.
De esta forma, Alonso ha incidido en la falta de una financiación adecuada para la puesta en práctica de una ley que, según ha apuntado, va a "disparar el gasto en educación", mientras que González ha lamentado la "falta de lealtad institucional" del Gobierno central por no haber informado puntualmente ni consultado diversas cuestiones sobre la ley a las comunidades autónomas.
Tanto el consejero andaluz como la consejera asturiana han señalado que sus respectivos gobiernos mantienen su intención de recurrir la Lomce ante el Tribunal Constitucional, y la viceconsejera canaria ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de no ser "responsable" y de actuar "a espaldas" de los gobiernos autonómicos.
Uriarte, de su lado, ha indicado que poner en marcha la ley con el calendario fijado por el Gobierno central --empezando en el próximo curso académico en el caso de Primaria y Formación Profesional Básica-- es "inviable" porque no da tiempo a que las comunidades autónomas puedan hacer el desarrollo normativo de la Lomce y luego planificar el curso.
Rigau ha reprochado al Ejecutivo de Mariano Rajoy la falta de un diálogo "fluido y sincero" con las autonomías y "la improvisación, la precipitación y la imposición" que, a su juicio, han marcado la forma de actuar del Ministerio de Educación. Asimismo, ha señalado que la nueva ley "atenta contra la autonomía" de los centros educativos y de las comunidades autónomas.
