La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reiterado este viernes que el Ejecutivo autonómico seguirá tomando medidas para "minimizar el impacto" de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en la comunidad porque se trata de una reforma educativa "injusta" y que "rompe la herramienta que permite que los ciudadanos tengan un futuro mejor en función de lo que trabajen y estudien y no funcionen de sus ingresos económicos".
Así ha contestado a los medios de comunicación que, en la rueda de prensa ofrecida al término de la reunión que ha mantenido esta tarde con su homólogo en Canarias, Paulino Rivero, le han pedido que explique por qué la Junta de Andalucía ha anunciado este mismo viernes que reducirá al mínimo exigible por ley la impartición docente de la asignatura de Religión en los centros educativos de la comunidad.
Díaz ha recalcado que la reforma educativa promovida por el ministro José Ignacio Wert, además de "romper con la igualdad de oportunidades y segregar a alumnos desde edades muy tempanas", no fomenta la educación en valores, algo que Andalucía no está dispuesta a permitir pese a que "a algunos parece que les molesta" y razón por la que también, en el marco de sus competencias, fomentará la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
"Creemos que tiene que haber un respeto a esa autonomía que tiene la Junta de Andalucía y minimizaremos el impacto que tenga la reforma educativa en la comunidad porque es injusta y porque rompe la herramienta que permite que los ciudadanos tengan un futuro mejor en función de lo que trabajen y estudien y no función de sus ingresos económicos", ha argumentado al respecto.
Además, ha hecho hincapié en que la Lomce es la ley educativa "que menos consenso" ha generado en el país y que "ése no es el camino correcto" para abordar una materia tan importante y sensible como la educación.
"Este país no puede permitirse que permanentemente se esté cambiando el sistema educativo y cada vez con menos consenso", ha añadido para apelar al diálogo y a la consulta con las comunidades autónomas, algo que no ha hecho el Gobierno de la Nación y que ha tenido como consecuencia que "cinco comunidades autónomas hayamos recurrido" ante el Tribunal Constitucional al considerar que "se vulneran algunas de nuestras competencias". "No es casualidad", ha sentenciado.
