España y otros 10 Estados miembros -entre ellos Alemania, Francia e Italia- han anunciado este martes un acuerdo político "de mínimos" sobre la hoja de ruta para poner en marcha una tasa a las transacciones financieras. El nuevo gravamen se implantará por fases -empezando por las acciones y algunos derivados- para evaluar su impacto económico y su puesta en marcha se retrasa al 1 de enero de 2016.

   "La primera fase de la tasa a las transacciones financieras armonizada deberá aplicarse como muy tarde el 1 de enero de 2016", ha anunciado durante el Ecofin el ministro austriaco de Finanzas, Michael Spindelegger, que ha actuado como portavoz del grupo de los 11. No obstante, el diseño definitivo de la tasa con "soluciones viables" deberá estar listo a finales de año.

   Los países que pretenden implantar la denominada tasa Tobin, ha proseguido el ministro austriaco, han acordado "empezar gravando las acciones y algunos derivados". El objetivo es que cada paso hasta la plena aplicación de la tasa "se diseñe de forma que tenga en consideración que hay muchos impactos económicos sobre los que hay que ser muy cuidadosos".

   Finalmente, si algunos de los Estados miembros participantes quiere gravar productos no incluidos en este acuerdo para mantener tasas nacionales existentes, estarán autorizados a hacerlo. Estos principios aparecen recogidos en una declaración conjunta suscrita por los países participantes. Eslovenia no ha suscrito la declaración por la caída del Gobierno y la convocatoria de elecciones, con lo que el grupo podría quedarse en 10 países.

NO TRASTOCA LOS PLANES PRESUPUESTARIOS DE ESPAÑA

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que el acuerdo es un "mínimo denominador común" entre las posiciones de los países participantes y ha sostenido que la tasa será "prudente" y "cauta". "Vamos a analizar el impacto de la tasa en cada uno de los pasos que vamos a dar porque somos plenamente conscientes de las posibles consecuencias que esta tasa puede tener en los flujos de capital", ha apuntado.

   "No queremos crear un instrumento que sea perjudicial para nadie, lo que vamos a hacer es tener una tasa racional que ponga orden en los mercados financieros", ha sostenido Guindos, que cree que otros países acabarán sumándose a esta cooperación reforzada

   El ministro ha dicho que el retraso hasta 2016 "no trastoca absolutamente nada" de los planes presupuestarios del Gobierno, que había incluido en el plan de estabilidad ingresos ya para el año que viene de 640 millones procedentes entre otras partidas, de la tasa. Esta partida, ha explicado, es un "cajón de sastre" que incluye también otras tasas menores.

   Guindos ha eludido precisar cuántos ingresos espera España cuando la tasa esté a pleno rendimiento porque todavía no se ha definido con precisión. "Se trata de conseguir la máxima recaudación posible con la mínima distorsión generada", ha apuntado.

   España seguirá defendiendo en las negociaciones que en la primera fase la tasa grave las transacciones con acciones y derivados de acciones, ya que se trata de dos mercados conexos y si no se hace así podría haber trasvases de operaciones. También defenderá que se aplique el principio del lugar de emisión y que el gravamen no se aplique a la deuda pública y proteja a los derivados que se utilizan para cubrir riesgos.

FRENTE ANTI-TASA

   La declaración política de mínimos ha sido muy mal acogida por algunos de los Estados miembros que no participan en la cooperación reforzada, en particular Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Hungría, Holanda, Luxemburgo o Malta.

   "No dudaremos en recurrir una tasa que tenga un impacto extraterritorial, perjudique a Reino Unido o a otros Estados miembros y perjudique al mercado interior", ha amenazado el ministro de Finanzas británico, George Osborne, el más combativo.

   Osborne ha sostenido que la tasa a las transacciones financieras "no es una tasa a los banqueros, sino al empleo, la inversión y las pensiones y los pensionistas y por eso Reino Unido y la mayoría no quieren participar". "Nuestra prioridad es garantizar que las propuestas de tasa no tengan impacto extraterritorial en Reino Unido y en la economía europea", ha apuntado.

   El ministro británico, al igual que otros de sus colegas, se ha quejado del secretismo de las reuniones de los 11, les ha acusado de hacer electoralismo de cara a los comicios a la Eurocámara del 25 de mayo, y ha dicho que incluso el Banco Europeo de Inversiones ha comunicado al Ecofin que la tasa le costaría 1.600 millones de euros.

   Ha sido precisamente el veto de Londres el que ha obligado a poner en marcha la tasa mediante una cooperación reforzada puesta en marcha España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia. Según la propuesta de Bruselas, la tasa gravará con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados.

   Bruselas calcula que la tasa aplicada en 11 países permitiría recaudar, si se aplicara a todos los instrumentos, entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, de los cuales alrededor de 5.000 millones en España. El objetivo de esta iniciativa es reducir las operaciones especulativas y hacer que la banca contribuya de forma equitativa a los ingresos públicos.

   El Ecofin ha retrasado también a junio la aprobación de la reforma de la directiva matriz-filial -cuyo objetivo es frenar la ingeniería fiscal de multinacionales como Google, Starbucks o Amazon para eludir el pago de impuestos- por las reservas de Suecia y Malta.