La juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos, ha citado a declarar desde este martes y hasta el viernes a diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de la Junta, a los que imputa delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
En un auto fechado el pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada imputó a diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de la Junta y a una jefa de servicio de la Dirección General de Formación, María Carril, a quien imputa pero no cita a declarar.
La juez ha citado este martes a los jefes de servicio de la delegación de Sevilla Carmen Gómez Laguillo y Daniel Fito García, y al jefe de servicio de Almería, Blas Méndez Capel, mientras que el miércoles están citados Antonio Juan Vidal Agarrado, de Cádiz; José Ángel Gil Flores, de Huelva, y José Luis Valentín, de Jaén.
Ya el jueves están citados las jefas de servicio de Formación de la delegación provincial de Granada Magín Bolívar Medina y María Noelia García Lucena, y la jefa de servicio de Málaga, María Isabel Almendro Flores, mientras que el viernes cerrará la ronda de comparecencias el jefe de servicio de la delegación de Córdoba Manuel Gavilán Jiménez.
Alaya ha imputado a todos ellos "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificación, como el de seguimiento y el de gestión económica".
"OMITIERON" INICIAR LOS EXPEDIENTES DE REINTEGRO
A su juicio, los imputados habrían permitido que en este último departamento "se confeccionaran los certificados por el que se acreditaban ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para la que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada subvención".
Además, "omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos, y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar".
En esta causa, permanecen imputados los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Ángel Ojeda, así como otras 16 personas --incluidos 13 exaltos cargos de la Junta-- que fueron detenidas el pasado mes de marzo en el marco de la operación 'Barrado', tras lo que fueron puestas en libertad con cargos.
