Justicieros universales, ?supermanes? con toga
Los jueces de la Audiencia Nacional ya no se conforman con ser las estrellas mediáticas de España...
Los jueces de la Audiencia Nacional ya no se conforman con ser las estrellas mediáticas de España. Han decidido serlo del mundo mundial. Ellos y nadie más que ellos perseguirán por todo el orbe a los malvados. Investidos con sus superpoderes judiciales, ya vuelan como supermanes, con la toga flameando al viento e inmaculadas las puñetas, de un lugar al otro del planeta para perseguir crímenes y salvar a la humanidad de los villanos.
No es broma ni siquiera una metáfora. No importa siquiera que ni un sólo compatriota este comprometido en suceso. Ellos están decididos a procesar a quien sea, donde sea y por lo que sea. Santiago Pedraz, por ejemplo actúa en Guatemala por el “genocidio contra el pueblo maya” y en Tibet, China y Falung Gong por la muerte de 26 personas en Lhasa en marzo del pasado año. Quiere interrogar a tres ministros y a tres generales chinos. El juez Andreu, el que quiso poner en libertad a los piratas somalíes porque no se los traían a la Audiencia, pretende por su lado una causa contra el estado de Israel por su ofensiva contra Hamas en la franja de Gaza así como contra Ruanda por las matanzas étnicas de 1994 y 2000. Baltasar Garzón, que siempre pica un poco más alto quiere actuar contra Guantánamo, los abogados de Bush, los vuelos de la CIA y contra Marruecos, en concreto contra 13 militares marroquíes.
En ninguno de estos asuntos hay ni siquiera ciudadanos españoles implicados. Porque en otros casos como los que el juez Ismael Moreno abrió contra los militares USA presuntos autores de la muerte del cámara Couso o el del juez Eloy Velasco contra los 14 uniformados salvadoreños presuntos responsables del asesinado del jesuita Ellacuria y sus seis compañeros , las victimas si eran compatriotas.
Es justo señalar, sin embargo, que no todo es achacable a estos jueces. Que una sentencia del Constitucional de septiembre de 2005, a instancias de la guatemalteca Rigoberta Menchú, no sólo las propicia sino que señala la obligación de investigar denuncias de crímenes contra la humanidad aunque se hayan producido lejos de nuestras fronteras y no haya españoles implicados. Pero también se señala que no ha lugar si allí se están investigando los hechos.
En cualquier caso esta doctrina está siendo fuente de conflictos continuos y de quebraderos graves de cabeza para el propio Gobierno. EEUU e Israel han sido muy contundentes al respecto y el ejecutivo de Zapatero ya ha anunciado que las acotará con una ley.
No es broma ni siquiera una metáfora. No importa siquiera que ni un sólo compatriota este comprometido en suceso. Ellos están decididos a procesar a quien sea, donde sea y por lo que sea. Santiago Pedraz, por ejemplo actúa en Guatemala por el “genocidio contra el pueblo maya” y en Tibet, China y Falung Gong por la muerte de 26 personas en Lhasa en marzo del pasado año. Quiere interrogar a tres ministros y a tres generales chinos. El juez Andreu, el que quiso poner en libertad a los piratas somalíes porque no se los traían a la Audiencia, pretende por su lado una causa contra el estado de Israel por su ofensiva contra Hamas en la franja de Gaza así como contra Ruanda por las matanzas étnicas de 1994 y 2000. Baltasar Garzón, que siempre pica un poco más alto quiere actuar contra Guantánamo, los abogados de Bush, los vuelos de la CIA y contra Marruecos, en concreto contra 13 militares marroquíes.
En ninguno de estos asuntos hay ni siquiera ciudadanos españoles implicados. Porque en otros casos como los que el juez Ismael Moreno abrió contra los militares USA presuntos autores de la muerte del cámara Couso o el del juez Eloy Velasco contra los 14 uniformados salvadoreños presuntos responsables del asesinado del jesuita Ellacuria y sus seis compañeros , las victimas si eran compatriotas.
Es justo señalar, sin embargo, que no todo es achacable a estos jueces. Que una sentencia del Constitucional de septiembre de 2005, a instancias de la guatemalteca Rigoberta Menchú, no sólo las propicia sino que señala la obligación de investigar denuncias de crímenes contra la humanidad aunque se hayan producido lejos de nuestras fronteras y no haya españoles implicados. Pero también se señala que no ha lugar si allí se están investigando los hechos.
En cualquier caso esta doctrina está siendo fuente de conflictos continuos y de quebraderos graves de cabeza para el propio Gobierno. EEUU e Israel han sido muy contundentes al respecto y el ejecutivo de Zapatero ya ha anunciado que las acotará con una ley.
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