El consejo de administración de Abengoa ha aprobado el plan de viabilidad que ahora entregará a sus acreedores (bancos y bonistas) y al asesor externo independiente KPMG para que estos decidan si es creíble y se puede presentar como un acuerdo entre todas las partes para que el juez de lo Mercantil de Sevilla levante el preconcurso de acreedores. El documento incluye una reducción de dos tercios de su plantilla, hasta quedarse con unos 9.000 empleados desde los 28.600 de septiembre pasado.
Además, a los empleados que permanezcan se les aplicará una reducción salarial, especialmente en lo que a pluses de especial responsabilidad (PER) y otro tipo de ventajas que tienen los directivos y mandos intermedios.
Este fuerte impacto laboral, equivalente a más de diez veces Delphi (su cierre dejó en la calle a 1.600 personas), procede de la decisión de reducir el tamaño económico de la empresa a la mitad. Facturará entre 3.500 y 4.000 millones (frente a 7.000 millones en 2014) y su beneficio bruto será de unos 700 millones.
El asunto crucial de la deuda -que sumaba 8.900 millones con bancos y bonistas a cierre de septiembre, más otros 5.000 millones al menos con proveedores- se prevé solventar con una mezcla de quitas por parte de entidades financieras e inversores, capitalización de deuda (cambiar deuda por acciones de Abengoa) y venta de activos con su deuda asociada. La consecuencia será que Abengoa pasará a estar controlada por accionistas de carácter financiero, especialmente Banco Santander y otras entidades españolas como Caixabank, Popular, Sabadell o Bankinter.
Y por otra parte por accionistas como fondos de inversión que compraron bonos o acciones como TCI (Reino Unido) o Blackrock (EEUU). En este último trabaja el exconsejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega.
Las cinco familias andaluzas, lideradas por los Benjumea, que venían controlando el 57% de las acciones pasarán a tener como máximo el 8%. Además de los cambios que esto provocará en el consejo de administración, los nuevos accionistas financieros también impulsarán previsiblemente cambios en la cúpula directiva de la empresa. El propio presidente, José Domínguez Abascal, muy cercano a esas familias y además imputado en el caso ERE, podría ver su puesto en entredicho.
Apoyo de Santander
Su amplio conocimiento de la empresa y los cambios que tímidamente este introduciendo -bajo la tutela del presidente de honor y antecesor suyo en el cargo, Felipe Benjumea- podrían sin embargo granjearle la oportunidad de seguir.
En paralelo, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que el máximo ejecutivo de Banco Santander en España (primer acreedor de Abengoa con 1.550 millones), Rami Aboukhair, le ha trasladado que la entidad trabajará “sin descanso para intentar que antes de que se termine el tiempo límite, la negociación del plan de acreedores de Abengoa pueda llegar a buen puerto”. Es decir, antes del próximo 25 de marzo cuando acaba el plazo para negociar y tendría que presentar concurso. La empresa ha trasladado a la banca que si entrara en concurso, iría a liquidación.
