El exdirector de Minas de Riotinto, Carlos Estévez, ha reconocido ante la fiscal, en el juicio que se sigue contra él y otros tres acusados por apropiación indebida, estafa y falsedad, que gestionaba “de facto” la empresa IEG, creada para gestionar los activos de la mina hasta que Shorton pudiera reabrir Riotinto, que no podía aparecer como titular de la empresa debido al ERE “profundamente irregular” de MRT y ha dejado dudas en el aire sobre el destino del dinero supuestamente desviado o las facturas falsas que se le atribuyen.
El juicio, que intenta dilucidar si hubo apropiación indebida, estafa y falsedad en la gestión de los más de 8,5 millones de euros que la Shorton aportó para la reapertura de Riotinto y del que quedan sin justificar 2,3 millones según el escrito de la Fiscalía, ha comenzado sin que la Audiencia aceptara ninguna de las cuestiones previas.
El principal inculpado, Carlos Estévez, que no ha querido contestar a las preguntas de la acusación particular -que le pide seis años de prisión frente a los 3,5 que pide la fiscal- se ha remontado a su anterior papel de director de Minas de Riotinto (MRT) para justificar su conocimiento de la mina y ha reconocido que asesoró a varias empresas, no sólo a Shorton, para la venta de los activos de la empresa, ya en liquidación.
Según su relato, Mantesur (MSA) adquirió la mina en subasta; era quien operaba en la mina (entonces, sólo para mantenimiento en espera de obtener el permiso de reapertura) e IEG fue creada para gestionar los fondos, cuya administradora única era una de las acusadas, Elvira Núñez del Prado, su excuñada y considerada como una de sus testaferras al igual que el hermano de ésta, José Luis.
Estévez ha reconocido que se decidió que “no podía aparecer” porque se negó a firmar el ERE “profundamente irregular” de la mina, lo que le “granjeó la enemistad definitiva de la Junta y los sindicatos”. Preguntado por si gestionaba a pesar de que la administradora era su excuñada, apuntó que “de facto” quien gestionaba era un comité ejecutivo, formado por él y un representante de Shorton, Matthieu Demanget, con cuya declaración no podrá contar el tribunal al estar ilocalizable.
Sobre los 2,3 millones aportados por Shorton y no justificados, de los 8,5 aportados a IEG y supuestamente desviado a otras empresas de Estévez, no ha concretado en qué fueron gastados, justificando que las cuentas de IEG fueron auditadas por Shorton y que se pagaron “forros” para molinos, asesores, abogados, Seguridad Social, nóminas o carburantes.
