Andalucía tiene desde el pasado jueves un ‘nuevo’ Defensor del Pueblo. No es que Jesús Maeztu tenga sustituto o los partidos preparen su relevo porque esté en cuestión su tarea. Todo lo contrario. Casi 3 años después de tomar posesión en junio de 2013, entregó al presidente del Parlamento andaluz el Informe 2015 de la Oficina que dirige con un zurriagazo contundente en los hocicos de las administraciones públicas.
Entre los mensajes que deberían ruborizar a la Junta, el Estado y los ayuntamientos, fue especialmente lacerante su arenga a la ciudadanía para que no asuma como normal el retroceso que la crisis ha provocado en derechos básicos del Estado del Bienestar. “Los andaluces no pueden aceptar que ahora haya sueldos de 500 euros cuando antes se discutían salarios de 1.000, o que no tengan los mínimos vitales de luz y agua”, denunció.
Maeztu siempre se alió con los hechos antes que con las palabras. Lo demostró en los deprimidos barrios del Cerro del Moro de Cádiz y del Polígono Sur de Sevilla. Al iniciar su nueva responsabilidad, anunció –en un difícil equilibro- que intentaría ser “crítico” y “leal” con las administraciones. “Hay que ser sensibles a las demandas de los ciudadanos, pero también consciente de las limitaciones de los recursos públicos", dijo el Defensor marcando claramente distancias con el mensaje más reivindicativo de su antecesor José Chamizo.
Hastiado de escuchar que la crisis es historia cuando en 2015 recogió casi 29.000 quejas de andaluces por mermas en sus derechos más básicos, Maeztu demostró en Acento Andaluz de Ondaluz Tv Andalucía su cambio de discurso: “Tenemos que ser beligerantes, adoptar una posición de resistencia”. Así las cosas, el Defensor priorizará en adelante la crítica a la lealtad a las administraciones para ser precisamente leal con las críticas de los ciudadanos. Lo primero que ha reclamado urgentemente es que los poderes públicos garanticen el agua y la luz a los 250.000 andaluces que no pueden pagarlas regularmente.
Lo malo es que la reclamación del Defensor coincide con la enésima amenaza del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de nuevos recortes a las comunidades que irían en detrimento de la educación, la sanidad y los asuntos sociales. “Un mensaje con trampa”, según Maeztu, quien alerta de que los presupuestos para estos servicios es “insuficiente”. Así que al nuevo mensaje de Maeztu no le espera precisamente un camino expedito de curvas.