La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, compareció este martes en el Palacio de San Telmo para diseccionar la reforma fiscal a la que tanto se había resistido durante los últimos meses por temor a su impacto sobre las cuentas de la Junta. “Se hará cuando se pueda y en función de los ingresos”, había repetido una y mil veces desde septiembre cada vez que Ciudadanos, el partido que sostiene al Gobierno de Susana Díaz, elevaba la voz reclamando la rebaja del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, auténtica bandera de los de Juan Marín durante la legislatura de su estreno parlamentario. Rubricado el acuerdo en plena campaña electoral del 26J, el texto ya ha pasado el filtro del Consejo de Gobierno.
Heredar será más barato en Andalucía. Díaz se comprometió a ello en su programa electoral de 2015 y de nuevo en la sesión de investidura, pero ni ella ni Montero pensaban pisar tan pronto el acelerador y remitían a cualquier momento “a lo largo de la legislatura”. Tras el tira y afloja, C’s rentabiliza como nunca su apoyo al PSOE, sin mayoría en la Cámara, y tras un alud de presiones se cuelga la medalla. Tanto, que su departamento de Comunicación esperó apenas unos segundos a que concluyese la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para enviar una nota en la que Marín celebraba desde Madrid una conquista revestida de “justicia social” que cree que finiquita “35 años en los que el Gobierno socialista no quiso nunca hacer reformas fiscales”.
Además de cederle a C’s la miel del éxito, a la Junta le ha tocado tirar de calculadora para resolver el sudoku de cuánto le costará la reforma. Según reconoció la propia Montero, en torno a 125 millones anuales que serán compensados por la mejora de la recaudación y “la salida incipiente de la crisis”. Hasta ahí la teoría, porque todavía queda trasladarlo a la práctica en el Presupuesto de 2017.
En agosto y en enero
La reforma, aprobada en forma de decreto-ley de medidas urgentes, se aplicará en dos fases. La más costosa, y por tanto incorporada ya en las cuentas públicas de 2017, no verá la luz hasta el 1 de enero. Es la que permitirá a cualquier andaluz que reciba una herencia inferior a 250.000 euros esquivar los pagos: por debajo de ese listón no se abonará un céntimo al fisco. Antes se pagaba por superar los 175.000. Además, cuando lo que legue un familiar directo esté tasado entre 250.000 y 350.000 euros se aplicará una reducción de 200.000, por lo que en realidad se tributará por los 150.000 restantes. Es lo que se conocía como “error de salto”, que disparaba el gravamen con sólo exceder un euro del máximo fijado.
Montero ensalzó las bondades de la reforma, que cree “justa y progresiva” y protege a “sectores fundamentales” como la clase media. Lejos quedan aquellos días en los que la Junta se negaban a aceptar la rebaja que alentaba el PP alegando que “sólo beneficiaría a los ricos”. La titular de Hacienda incluso utilizó un ejemplo que contradice esa tesis: recordó que una herencia de un millón de euros, lejos de la clase media, ya no tributará nada si la reciben tres hijos a partes iguales.
Lo que entra ya en vigor, en agosto, son las reformas vinculadas a las viviendas habituales y el mundo agrario. En el primer caso la exención de pago se extiende hasta el 100% del valor del inmueble si el heredero vivió con los padres y si la tasación de éste está por debajo de los 122.606 euros. Además, se podrá vender en tres años, no en 10. En el campo las bonificaciones sobre lo heredado se elevan hasta el 99% para garantizar el relevo generacional.
Vía libre a un techo de gasto ficticio...
El Consejo de Gobierno cumplió también este martes con una de las obligaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y aprobó el techo de gasto no financiero para 2017, un tope que condicionará las cuentas de ese año. Eso sí, lo hizo de forma casi ficticia y sujeto a una gran “paradoja”, como lo definió la consejera Montero: es imposible fijar una cifra porque el Gobierno aún no ha detallado cuánto trasferirá a Andalucía el próximo año.
