La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la imputación de dos presuntos 'testaferros' en la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, pieza que se dirige contra alrededor de 40 personas.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia rechaza así el recurso presentado por las administradoras de Vitalia Vida Roser Massa y María Ascensión de la Cruz contra la decisión de la juez María Núñez Bolaños de mantener su condición de investigadas en esta pieza separada.
El tribunal explica que "lo que se ha acordado por la juez de Instrucción es traer a la causa como sujetos pasivos del procedimiento a las apelantes", por lo que "resulta absurdo por contraria a la lógica procesal reclamar que se deje sin efecto una resolución que formalmente abre el procedimiento contra persona física concreta para que se decrete su sobreseimiento --provisional, a mayor abundamiento--".
"El sobreseimiento no es sino una decisión de cierre del proceso con una instrucción practicada", argumenta en este auto consultado por Europa Press la Audiencia, que asevera que, "dicho de otro modo, se pide que se cierre lo que se pide que no se abra".
En este sentido, el tribunal dice que, "además, en el origen de la incoación de estas nuevas diligencias está lo instruido en la causa matriz del llamado caso de los ERE, de lo que se desprendían sospechas más que fundadas de la participación de las recurrentes en los hechos presuntamente delictivos que se investigaban, entonces en aquella causa y ahora en la presente".
"TRAMA"
Al hilo, asevera que "se desprenden indicios racionales de criminalidad" contra las dos apelantes, "de quienes consta que como administradoras mancomunadas de la sociedad Vitalia Vida actuaron en la referida trama para el cobro de sobrecomisiones del 21 de marzo de 2004 al 27 de enero de 2011 --cerca de siete años-- realizando operaciones como testaferros, continuando a partir de esa última fecha la señora Massa como administradora única".
La Audiencia agrega que "no tiene mucho fundamento en este momento alegar que las dos recurrentes --básicamente ese es el único argumento del recurso-- 'fueron obligadas a ostentar supuestos cargos de administradora en Vitalia Vida'", un argumento "no expuesto antes en sus declaraciones policiales o judiciales, en que aludieron haber accedido al favor que María Arqué, imputada junto con Eduardo Pascual, les pidió por no poder aparecer ellos dos como tales administradores a causa de problemas de incompatibilidad".
Por todo ello, el tribunal concluye que, "siendo más que fundadas las sospechas de la participación" de ambas "en la trama construida para obtener el lucro ilícito derivado del cobro de sobrecomisiones, estaba justificado dirigir --más bien redirigir, puesto que ya lo estaba en la causa matriz-- contra las apelantes el procedimiento como sujetos pasivos (investigadas)".
Cabe recordar que la pieza de las sobrecomisiones de los ERE se dirige contra cerca de 40 personas, entre ellas el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero o el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
