El juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis entre los años 2000 y 2010 en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares entra, a partir de este lunes, en la fase testifical y pericial, después de que hayan declarado ya todos los encausados.

En las dos sesiones del juicio que se han celebrado en la semana de la Feria de Abril de Sevilla se han desarrollado los interrogatorios al expresidente Manuel Chaves y al ex secretario general técnico de Empleo y de Innovación Juan Francisco Sánchez García, concluyendo con éstos la fase de declaraciones de los todos procesados, que se iniciaron el pasado 12 de febrero con el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

Ahora llega el turno de los 150 testigos y doce peritos propuestos por las partes. En concreto, este lunes están citados como testigos dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsables del atestado sobre la "implicación" del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías en el caso ERE.

La Guardia Civil entregó en abril de 2015 un atestado al instructor de la causa de los ERE irregulares en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, solicitado posteriormente por la por entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el que la UCO concluía que Zarrías presidió hasta doce sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros --los denominados 'consejillos'-- en las que se trataron acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como 'fondo de reptiles' y con cargo al que se pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas, en virtud del convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Los agentes analizaron un total de 26 actas de otros tantos 'consejillos' celebrados entre el 11 de abril de 2000 y el 30 de noviembre de 2011 en los que se trataron modificaciones presupuestarias relacionadas con las ayudas los ERE o un proyecto de decreto para regular este fondo que no se llegó a materializar a pesar de llevarse hasta en tres ocasiones al 'consejillo'.

A tenor del estudio de las sesiones relacionadas, los agentes concluyen que Zarrías, como consejero de Presidencia, "habría presidido un total de ocho sesiones en las que se habrían expuesto acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L", a lo que se suma que "habría presidido otras cuatro sesiones en las que se habría dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la Comisión en las que éste no asistió".

En relación a la "arbitrariedad" con la que se concedieron las ayudas, los agentes de la UCO dicen que "llama poderosamente la atención la definición dada por Zarrías a los criterios por los que se concedían las ayudas: 'criterios de singularidad'", los cuales "habrían provocado el uso descontrolado de los fondos correspondientes al programa 31L", citando como ejemplo "la concentración de ayudas en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, donde se concedieron ayudas con total arbitrariedad por importe total de 56,4 millones, las cuales habrían supuesto el 66 por ciento del total de las subvenciones a empresa otorgadas en la comunidad por parte de la Consejería de Empleo".

A juicio de la UCO, "todo este presunto marco de corrupción tiene su génesis en el abuso descontrolado de los fondos públicos por parte de determinadas personas, y de un sistema arbitrario supuestamente ideado para dar respuesta a unos conflictos sociales que se estaban produciendo en ese momento en Andalucía, así como a la consecución de una concertación social planteada en un programa político".

Además, sostiene que Zarrías "podría haber participado en la sucesión de las diferentes ayudas públicas concedidas por la Junta a sociedades radicadas en la provincia de Jaén", entre ellas Primayor, Grupo Dhul, Cerámica Syre SA/Gres de Vilches y EDM/Séneca.

150 TESTIGOS

El martes la Sala tomará declaración a dos testigos, entre ellos, el expresidente del Instituto de Fomento de Andalucía Salvador Durbán, testifical solicitada por la Fiscalía, las acusaciones del PP-A y Manos Limpias, y gran parte de las defensas. El miércoles será el turno de comparecencia de otro testigo, Claudio Conde Estévez.

De esta manera comenzarán a comparecer los 150 testigos y doce peritos previstos que declararán en los próximos meses en el juicio, entre los que se encuentran el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios --petición de la acusación del PP-A--; los exconsejeros socialistas Manuel Recio, Antonio Ávila --a propuesta de la Fiscalía--, Martín Soler, y Mar Moreno --testifical solicitada por el PP-A--; los expresidentes del Parlamento andaluz Manuel Gracia, Javier Torre Vela y Fuensanta Coves, a propuestas de las defensas, entre otras, de Gaspar Zarrías y Antonio Fernández.

También serán llamados a declarar en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla como testigos ex altos cargos del Ministerio de Trabajo, de la Agencia IDEA o del Gobierno andaluz, así como doce peritos.