Los exconsejeros de Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa, Manuel Recio y Martín Soler, respectivamente, están citados esta semana a declarar como testigos en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares entre 2001 y 2011.

Las declaraciones de los testigos que han sido citados esta semana por el tribunal, compuesto por los magistrados Juan Antonio Calle Peña (presidente) y Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles, se abren este lunes, a partir de las 10,00 horas, con el testimonio de Antonio Diz-Lois, quien fuera jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y director de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anterior Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ente encargado del pago de las ayudas investigadas con cargo al programa presupuestario 31L de la Dirección General de Trabajo, que allegaba fondos a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación, en virtud del acuerdo alcanzado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y este ente instrumental.

Tras el turno de Diz-Lois, quien fue excluido de la causa por el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 Álvaro Martín y que confirmó la Audiencia, el lunes también declararán Francisco José Gómez Millán-Roselló, exjefe del Servicio de Análisis y Programación Financiera de Empresas.

El martes comenzará declarando Francisco Trujillo Blanco, quien fuera chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de Consejería de Empleo Francisco Javier Guerrero, procesado en esta causa del procedimiento específico.

Trujillo Blanco, que cuenta con la posibilidad de comparecer asistido de letrado, según ha dictado el tribunal en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, será juzgado, junto a Guerrero, también por la Sección Primera de la Audiencia en la pieza separada en relación a las ayudas por importe de 1.475.028,01 euros que concedió el ex director general de Trabajo y parte de las cuales habrían ido destinadas a la compra de cocaína, copas y antigüedades, siendo acusados por presuntos delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pide 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para Guerrero y su exchófer, que también está investigado en otras piezas separadas de los ERE.

El martes también están citados Francisco Jardón Arango, expresidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), quien al igual que Trujillo podrá asistir asistido de letrado al encontrarse investigado en otra causa; Manuel José López Braceros; Antonio Ávila Gutiérrez, exjefe de departamento de Régimen Jurídico del Servicio de Ordenación y Coordinación Laboral de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social; y Antonio Jesús Mena Calvente, exdirector de Área de Planificación y Seguimiento de la Consejería de Presidencia.

CONVOCATORIA DE HUELGA DE JUECES Y FISCALES

La jornada del martes estará marcada por la convocatoria de huelga a la que están llamados jueces y fiscales, dentro del calendario de movilizaciones fijado a nivel estatal para reclamar medidas de mejoras en la profesión.

La huelga está promovida por cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales.

Inicialmente, el tribunal de los ERE ha fijado para ese día la comparecencia de cinco testigos para declarar en la causa, por lo que parece que los magistrados no van a secundar el llamamiento, sino que continuarán con el calendario de sesiones previstos.

EXCONSEJEROS EXCLUIDOS

Ya durante la sesión de mañana del miércoles será el turno de los exconsejeros Manuel Recio y Martín Soler. Ambos fueron excluidos de esta pieza política por el juez de refuerzo Álvaro Martín y la Audiencia Provincial confirmó el archivo de la causa contra ellos. Posteriormente, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, archivó la causa contra éstos en la conocida como causa matriz de los ERE por estar investigados en ella por los mismos hechos que en la pieza política.

El exconsejero de Innovación declaró el Soler ha declarado el 9 de mayo de 2016 como investigado ante el juez Álvaro Martín y negó cualquier conocimiento o participación en el sistema de ayudas investigado dado su corto periodo de tiempo como consejero entre los años 2009 y 2010.

Su época de consejero de Innovación coincidió con un "cambio" en el sistema, ya que se pasó de las transferencias de financiación a la encomienda de gestión a través de un proceso "de mejora y perfeccionamiento" llevado a cabo entre la agencia IDEA, la Consejería de Empleo y la Intervención General de la Junta. Conoció el sistema de ayudas de los ERE "mucho más tarde", en concreto con motivo de su intervención en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz.

Por su parte, Recio, consejero entre 2010 y 2012, defendió en agosto de este último año en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía que "nada tiene que ver" la legalidad del sistema de ayudas sociolaborales de la Junta con los "abusos" que hayan podido producirse en su aplicación y que tienen que investigarse "hasta las últimas consecuencias", al objeto de que "nadie quede sin castigo" y se pueda recuperar "hasta el último euro".

Al mismo tiempo, explicó "el plan de acción" llevado a cabo por su departamento para determinar las irregularidades en los expedientes y la modificación que se realizó en el procedimiento de ayudas, --con la creación de un nuevo marco regulador--.

Precisamente en la citada comisión, Martín Soler aseguró que durante los once meses que estuvo al frente de la Consejería no conoció ninguna "irregularidad" en IDEA, que tenía como "rol" el ser una "mera caja pagadora" que asumía los pagos que comprometían la Consejería de Empleo y los beneficiarios de las ayudas sociolaborales.

Los dos últimos testigos citados por el tribunal para esta semana, en concreto en la sesión de tarde de este miércoles, son Manuela Hurtado Mendoza y Francisco León Molinero.