Ha descendido una media de 2,4 por ciento en el tercer trimestre del año respecto del mismo periodo de 2017
El número de demandas de disolución matrimonial -separaciones y divorcios- ha descendido una media de 2,4 por ciento en el tercer trimestre del año respecto del mismo periodo de 2017, manteniéndose los descensos que vienen registrándose desde hace varios años.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre julio y septiembre de este año se produjeron 20.815 divorcios y 947 separaciones y han sido la Comunidad Valenciana y Canarias donde más separaciones y divorcios se han producido.
En concreto, se han registrado 12.249 demandas de divorcio consensuado en ese periodo (2,4 por ciento menos) y 8.566 demandas de divorcio no consensuado (1,8 por ciento menos); respecto a las separaciones, 644 han sido consensuadas (5,7 por ciento menos) y 303 no consensuadas (13,7 por ciento menos).
Las demandas de nulidad presentadas en los tres meses analizados ascienden a 27, mientras que en el mismo periodo de 2017 fueron 35.
El informe pone en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población por territorios a 1 de enero de 2018. De este modo se puede ver que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en la Comunidad Valenciana, con 5,7; Andalucía y Canarias, con 5,1; Baleares, con 5; y Galicia, con 4,9.
Todas esas regiones han superado la media nacional, que es de 4,7 disoluciones matrimoniales por cada 10.000 habitantes.
Por el contrario, las proporciones más bajas de disoluciones matrimoniales por habitante se han dado en País Vasco, con 3,4; Castilla y León, con 3,7; y Aragón y La Rioja, con 3,8.
A diferencia de lo ocurrido con las demandas de disolución, todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado incrementos interanuales respecto al mismo período del año 2017.
Las demandas de modificación de medidas consensuadas se han incrementado un 9,1 por ciento y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, un 2,1 por ciento respecto al mismo trimestre de 2017.
Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas como no consensuadas, han tenido incrementos interanuales del 11 y 2,4 por ciento, respectivamente.