Ni una palabra sobre el asunto hasta que no concluya el proceso sancionador en marcha. Ésa parece haber sido la consigna que la dirección del PSOE ha decidido aplicar, tras conocerse públicamente la apertura de expedientes de expulsión en Cádiz a 12 de sus militantes críticos con la ejecutiva local. Ni siquiera las graves denuncias realizadas por los afectados el día anterior en rueda de prensa, provocaron ayer una mínima reacción por parte de los pesos pesados de la organización.

“No vamos a opinar de ese tema hasta que no se resuelva. Espero que ustedes --dirigiéndose a los periodistas-- respeten, como nosotros, los procedimientos de derechos y garantías de este partido”. De este modo intentaba zanjar la cuestión el vicesecretario regional del PSOE, Luis Pizarro, antes de asistir a una reunión con cargos institucionales y alcaldes socialistas de la provincia para preparar el nuevo curso político.

Ante los medios de comunicación, tanto Pizarro como el secretario general en Cádiz, Francisco González Cabaña, trataron de escenificar una imagen de normalidad en todo momento. Y nada mejor que recurrir al enemigo externo para disimular los problemas internos. Así, el presidente provincial del PP, José Loaiza, se erigiría en blanco de las críticas socialistas; sobre todo de Cabaña, que lo llegó a definir como “el quinto jinete del apocalipsis” y le acusó de querer sumir a los gaditanos en una “depresión colectiva”. “Todo aquello que es positivo y que puede ilusionar a la ciudadanía él lo convierte en un ejercicio de lo negro y de la ruina”, manifestó.

Una manera de entender la política que censuró y que, según vaticinó, sólo reportará a los populares “pérdidas en el medio y en el corto plazo”.