El exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha sido el primero en interponer ante la Audiencia Provincial de Sevilla un recurso de casación contra la sentencia de la 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), en la que se le condena a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.
Junto a él, cabe recordar que un total 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía enjuiciados en el caso ERE fueron condenados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, mientras que sólo dos, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, fueron absueltos de todos los delitos que le imputaba la Fiscalía Anticorrupción.
En relación al recurso, según se ha clamado en un escrito fechado el 26 de diciembre y al que ha tenido acceso Europa Press, se justifica por una "infracción de precepto constitucional" respecto al "derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que pueda producirse indefensión, del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley, a un proceso público con todas las garantías y a la presunción de inocencia".
Igualmente, dicha solicitud, adelantada por 'Diario de Sevilla', ha sido reclamada al considerarse una "infracción de ley" un "error en la apreciación de la prueba" por "documentos que obran como autos y no resultan contradichos por otros". Entre ellos, según reza el escrito, actas de sesiones del Consejo General de Viceconsejeros y Consejos de Gobierno, así como un certificado de la Secretaría General Técnica y comunicaciones remitidas por el Consejo de Gobierno al Parlamento andaluz.
Finalmente, la última justificación del recurso se justifica por una tercera "infracción de ley" por "aplicación indebida de preceptos penales u otras normas jurídicas que deben ser observadas".
Ante todo ello, se ha reclamado que se emplacen a las partes para que comparezcan en la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), a la que habrá de remitirse toda la causa.
