Ana Pastor, exministra de Sanidad, pide la dimisión de Salvador Illa, ministro de Sanidad. Pablo Casado, que se libró en el Tribunal Supremo, por el master “del trato de favor”, según el tribunal, pide la dimisión de Pablo Iglesias porque la Audiencia Nacional lo declara perjudicado en el  caso que un magistrado de la   propia audiencia pide que investigue el Tribunal Supremo.

En el confinamiento/desconfinamiento de Madrid sucede lo propio.  La presidenta Díaz Ayuso y el alcalde Martínez Almeida pidieron entristecidos que los madrileños no salieran  de Madrid en el puente del 12 de octubre -para no expandir el virus por España- al tiempo que apoyaron con empeño  que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazaran la prohibición de  movilidad.

En las elecciones  gallegas  -julio 2020- no se permitió el voto a los contagiados por el virus Covid-19. Afectó al menos a  259 contagiados. Cuando se discutió una suave norma de confinamiento selectivo en la reunión  de consejeros -sobre la crisis en Madrid-  Galicia votó contra esas medidas  más suaves que la adoptada por su gobierno durante las elecciones autonómicas y en los confinamientos sucesivos.  El  consejero de Sanidad, Jesús Vázquez,  pidió"sentidiño"para  ir a las urnas, recordando que "no pueden salir de casa por un tema de salud pública" y "tienen que quedar confinados”. ¿Qué derecho fundamental es más sólido el de la movilidad o el derecho al voto?

Hay que comprar nuevas varas de medir porque las antiguas han quedado obsoletas de tanto manejo indecente. Lo de Madrid ha llegado a la obscenidad, mientras España se  va acercando al millón de contagios. El estado de la pandemia se ha convertido en un estado de la perplejidad. No hay acuerdos en los datos,  ni unanimidad en los fallecidos, no hay consenso en las medidas.  Por contra,  todo se ha convertido en lucha ideológica. Se percibe con claridad -por la lejanía y lo burdo de algún personaje central- en los EEUU. En España, por la cercanía  emocional,   cuesta   reconocerlo objetivamente.

Se atribuye a Jonathan Swift -en 1710-  el estudio de la naturaleza de la mentira política    como “el arte de hacer creer al pueblo falsedades saludables y hacerlo a buen fin”.  El pueblo no tenía derecho a la verdad política. Tres siglos han transcurrido y algunos siguen en ello.