Cada vez que ocurre algo en Arcos de la Frontera, José Antonio Benítez suele ser el primero en contarlo en Viva Arcos o 7 TV Sierra. Lo viene haciendo a diario desde hace casi dos décadas. Y cuando digo “algo” me refiero a todo, desde las reivindicaciones de un colectivo vecinal al homenaje a un grupo de profesores recién jubilado, de la reforma de la plaza del Cabildo al último libro de Pedro Sevilla, de las actividades por el 8-M al próximo cartel de la Feria, la elección de un nuevo hermano mayor, la limpieza del cauce del Guadalete, la muerte de un respetado empresario, el descubrimiento de un nuevo artista, el próximo presupuesto municipal, un llamamiento de Cáritas, las peleas internas de un partido político, un accidente de tráfico..., en definitiva, la vida misma de Arcos, porque como reclamaba el que fuera director general de la Unesco, Amadou-Mahtar M’Bow, “los medios han de ser el reflejo de la aspiración de los pueblos”, que fue la primera cita que nos enseñaron el primer día de la carrera. Otros solo acuden al olor de la sangre.
Hace poco más de una semana nos descubrió el caso de Jean O’Donoghue. Jean es irlandesa. Hace 17 años se enamoró de Arcos y se compró un chalet en el Pinar de la Plata. Esta primavera, a raíz de la muerte de su pareja, decidió regresar unos días a su país en busca del consuelo de su hermana. De vuelta en Arcos se encontró con que el hijo de una vecina había ocupado su vivienda y cambiado las cerraduras, e incluso, cuenta, le reclamó 3.000 euros si quería que le entregara las llaves, con lo que durante todo un mes ha tenido que alojarse en un hotel próximo a su casa a la espera de que interviniese la justicia -lo ha hecho este mismo sábado-.
La historia de Jean, dentro de la estricta misión de la prensa como herramienta de función social, ha propiciado una ola de solidaridad en todo el pueblo y ha terminado por trascender a nivel nacional, donde hay algo que no ha cambiado: las poblaciones de provincias solo suelen ser noticia si hay una tragedia de fondo. Y eso, en tiempos “de barra libre en el periodismo por la obsesión por el clic”, como ha lamentado esta semana la nueva presidenta de la APJ, Roxana Saez, solo puede acabar degenerando, como hacen algunos con sus incursiones en el penoso territorio de la pornografía emocional, solo por el hecho de provocar excitacion.
Lo escribía hace poco el periodista Antonio Robles: “Vivimos tiempos de pornografía emocional. Convertimos cualquier problema accidental en un drama para revestirnos de buena conciencia. A coste cero. En lugar de dar una respuesta responsable”. Y tuve la oportunidad de comprobarlo anoche a través de una emisión en Youtube en la que podía masticarse la sangre a costa del drama personal de Jean. Todo, eso sí, precedido de “presunción”, no nos vayamos a pillar los dedos, pese a comprobar en directo la falta de rigor de algunas de las fuentes a las que se apelaba y que la propia afectada llegó a desmentir.
No hay ni puede haber respuesta responsable en una emisión pendiente del número de visualizaciones, aunque lo triste es que no la haya por parte del poder legislativo, un muro contra el que tanto Jean como muchas otras personas en su misma situación se chocan a diario -la provincia de Cádiz fue en 2020 la segunda de Andalucía con más denuncias por ocupación ilegal de viviendas, como relataba nuestro compañero Daniel Barea en un reciente artículo-, víctimas de un desamparo insoportable que las obliga a depender de empresas especializadas en desalojos al no hallar mejor respuesta, o más inmediata, por vía judicial.
Como exponía el abogado Álvaro Moreno Odero en un artículo que publicamos el pasado año, “el órgano judicial, ante la mera denuncia del perjudicado, debería verse facultado para restaurar de inmediato la situación ilegalmente alterada y amparar al ciudadano perjudicado. Cualquier otra actitud nos sitúa lejanos a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica”. Y ésa es la respuesta responsable y rauda que cabría haber esperado en el caso de Jean, por flagrante -resuelto ya afortunadamente-, y en el de muchos más afectados, ya que hasta la fecha todas las iniciativas presentadas ante el Congreso para acelerar los trámites frente a una ocupación ilegal han encontrado el no del Gobierno y de sus socios, pese a tan inadmisible desprotección de los derechos del propietario de una vivienda.
