Se complica la situación para los creadores de las franquicias de Peluquerías Low Cost, implicados en el presunto fraude de más de tres millones de euros a la Seguridad Social con falsos contratos de formación de un entramado empresarial con 600 franquicias.
Según ha podido saber esta redacción, a la causa se ha sumado recientemente “otro procedimiento penal anterior en el que solo se les imputa a los creadores de la franquicia y por los hechos similares en otras empresas propias más antiguas”.
Así nos lo ha confirmado Isabel María Pertiñez, abogada que representa a más de una veintena de de franquiciados, la mayoría de ellos de Sevilla, pero también de Madrid, Málaga, Cádiz y Córdoba.
El caso, en fase de Instrucción en el Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla, es por tanto ahora más grave para los cinco responsables de Peluquerías Low Cost, con David L.D. a la cabeza, ya que son los principales investigados en las pesquisas policiales.
La investigación de la presunta “macroestafa” se conoció a finales de 2018, cuando en Sevilla se detuvieron a 37 personas. Según la Policía, desde el año 2015 hasta finales del 2017 cinco dirigentes de la red crearon un entramado empresarial con sociedades franquiciadoras y empresas supuestamente dedicadas a formación con la finalidad de lucrarse y beneficiarse de los incentivos para contratos de formación con los que empleaban en las franquicias a trabajadores, con experiencia y titulación, lo que suponía un perjuicio grave para condiciones laborales y cotizaciones.
De los 37 detenidos, cinco eran los cabecillas de la organización y los 32 restantes, franquiciados, ubicados en Sevilla y provincia.
ASÍ ERA EL PRESUNTO FRAUDE
La investigación sostiene que la cúpula de la organización era la encargada de la selección de los trabajadores, con experiencia y titulación, así como de realizar las gestiones de la Seguridad Social con las franquicias.
Imponían a los trabajadores el aceptar contratos en formación, sin cumplir ninguno de los requisitos de los mismos.
Los trabajadores eran empleados como mano de obra ordinaria, pero en sus contratos figuraban como trabajadores en formación, lo que suponía un perjuicio grave para los trabajadores, tanto en sus cotizaciones de Seguridad Social como en sus condiciones diarias de trabajo y sueldo.
Debido a esta modalidad contractual, por medio de los falsos contratos de formación, los detenidos se habrían beneficiado de reducciones de cuotas a la Seguridad Social por un valor superior a los 3.000.000 de euros.
Los beneficios fraudulentos que obtenían con todo este entramado empresarial se dividían en dos bloques que funcionaron desde el año 2015 hasta finales de 2017.
En diciembre de 2018 y ante la jueza, el dueño de Peluquerías Low Cost, David L, admitió que había cobrado 1,5 millones de euros de la Seguridad Social como subvenciones para formación.
PERTIÑEZ: EXFRANQUICIADOS, “PERJUDICADOS”
El procedimiento penal anterior, sumado a esta macroestafa, investiga otro supuesto fraude a la Seguridad Social siguiendo el mismo patrón, pero la letrada que defiende a muchos de los exfranquiciados no ha tenido acceso al importe total. Es no obstante, algo positivo para sus clientes: “Confío en que la Justicia, y, la Tesorería General de la Seguridad Social sepan estar a la altura respecto a los exfranquiciados, que se están viendo en un procedimiento penal como imputados cuando han sido las principales víctimas que siguen sufriendo en sus carnes este durísimo trance que les quita el sueño y les arruina cada vez más, ya que paralelamente al procedimiento penal está el procedimiento administrativo de embargo que la TGSS, sin piedad alguna, ha abierto con cada uno de los exfranquiciados, pidiéndoles que devuelvan el dinero que se quedaron D.L.D. y M.R.S. , tal y como ellos mismos confesaron ante la jueza que lleva la instrucción, con lo que se puede imaginar la doble injusticia que se está cometiendo con estas personas”.
SITUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO LEGAL
Tras la toma de declaraciones en el Juzgado Número 19 de Sevilla, otros franquiciados repartidos por toda España lo han hecho hasta la fecha ante la Policía o Inspección. Pertiñez confía en que el juzgado continúe, una vez pasado el verano, con la instrucción de esta supuesta macroestafa de Peluquerías Low Cost. En septiembre se podrían conocer ya nuevas citaciones.
