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Antequera

La plataforma contra el anillo ferroviario convoca hoy a los expropiados a una reunión en Humilladero

Estarán también algunos de los alcaldes a los que afecta el proyecto, Asaja y otras asociaciones

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  • Protestas anteriores

Los propietarios de las más de 700 parcelas que se verán afectadas por las expropiaciones necesarias para la ejecución del anillo ferroviario de Antequera están llamados hoy, martes 23 de abril, a una reunión en la cooperativa de Humilladero para iniciar  acciones de protesta en contra de los nuevos pasos que está dando Fomento para la puesta en marcha circuito. Un encuentro al que también acudirán algunos de los alcaldes de los municipios por los que discurre el circuito, asociaciones agrarias y plataforma contraria al proyecto.  La noticia la semana pasada de la llegada del proyecto básico del anillo ferroviario a los ayuntamientos, así como, las declaraciones de la ministra, Ana Pastor, al alcalde de Antequera, Manuel Barón, sobre una inminente firma de la licitación de las obras de ejecución, hizo que el pánico cundiera entre los dueños de las numerosas parcelas afectadas por este proyecto. Así lo definió el presidente de Asaja Málaga, Carlos Blázquez, que de nuevo calificó el anillo como «una barbaridad que hará perder 55.000 jornales anuales». Según el último documento enviado por el ministerio, se expropiarán 8.179.276 metros cuadrados de terrenos catalogados como suelo rural y 380.594 metros cuadrados de afecciones a viario.

La organización agraria, al igual que la plataforma en contra del circuito de pruebas y ensayos, lleva desde el principio manifestando su oposición a que este proyecto se desarrolle en la comarca de Antequera por lo que supone para uno de los principales sectores económicos de la ciudad, el agrario, y por la riqueza natural de la zona. Una negativa que también ha manifestado la alcaldesa de de Humilladero, Noelia Rodríguez, quien en estos días está con técnicos municipales analizando el último documento enviado. «El circuito pasa de estar a 125 metros de la pedanía de Los Carvajales a estar a sólo 85, además nos preocupa la afección al acuífero del que se abastece el pueblo», indicó en las primeras apreciaciones.  En su caso el alcalde de Mollina, Francisco González, se muestra cauto ante el proyecto que dice disminuye levemente la afección al pueblo. «Ha pasado de afectar a unas 1.000 fanegas a 147», explicó el regidor quien añadió que lo están mirando con lupa y espera una reunión urgente con Adif. 

Entre los puntos que más preocupan a esta localidad está el falso túnel de 500 metros que refleja el último informe en la zona de la Sierra de la Camorra. «Va soterrado y tememos que pueda afectar a nuestro acuífero, y una zona de escombrera muy cerca del Ceulaj, demasiado cerca del pueblo», dijo González.  En estos días, los ayuntamientos son los puntos de encuentro de los expropiados, primeros afectados directos de este macro proyecto que supone la construcción de 58 kilómetros de circuito de pruebas a los que se suma, en un trayecto de 19,6 kilómetros, un circuito secundario compuesto por dos vías para distinta homologación.

Precisamente, este colectivo está llamado mañana a la reunión para determinar «qué acciones se pueden desarrollar desde este momento para frenar el avance del proyecto», apuntan desde la plataforma. Fuente de Piedra también ha anunciado alegaciones a este nuevo proyecto. Así, tanto la alcaldesa de Humilladero como el alcalde de Mollina no descartan movilizaciones en caso de que se vean daños para sus municipios. Por su parte, Blázquez dijo «no descartar ninguna acción social o judicial».  Por su parte, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, dice que se están dando pasos administrativos muy medidos para asegurar los derechos de todos los afectados por este proyecto que es de interés público.  «Desde el Ayuntamiento les daremos todo el asesoramiento posible», dijo. Hasta ahora el anillo ferroviario tiene abiertas seis causas judiciales pero en este caso «los trámites administrativos están siendo más rápidos que los judiciales», dijo Blázquez. El plazo para presentar alegaciones es de quince días hábiles desde el 17 de abril.  

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