El próximo 9 de noviembre tendrá lugar la celebración del juicio contra los integrantes del gobierno socialista dirigido por la alcaldesa Pepa Caro entre los años 2007 y 2011. Con la llegada del equipo de gobierno formado por PP y Ai-Pro, este decidió trasladar a los juzgados un presunto caso de irregularidad urbanística en la avenida Padre Salesianos, en el Barrio Bajo.
La Junta de Andalucía urbanizó la zona y el Ayuntamiento, con el criterio de dejar preparada una serie de redes de suministro con vistas al futuro, llevó a cabo actuaciones paralelas que según el posterior gobierno estaban al margen de la Ley.
Ahora, cinco años más tarde se celebrará el juicio por estos hechos. El nuevo alcalde de Arcos y anterior compañero de Pepa Caro como delegado de Deportes, el socialista Isidoro Gambín, está convencido de que Caro y su equipo serán absueltos al considerar que no cometieron delito alguno. No obstante, señala que de haberse dado alguna irregularidad, habría sido de índole administrativa, es decir, por un error de tramitación, ya que está seguro de que sus compañeros no se lucraron con este asunto.
Gambín se ha lamentado del paso dado por el anterior gobierno para judicializar este asunto, que según el edil no va más allá de su intención de hacer daño a la imagen del PSOE. Es más, considera que las actuaciones llevadas a cabo por el gobierno de Pepa Caro fueron positivas para la ciudad y particularmente para los vecinos del Barrio Bajo, para asegurar que sus compañeros que han sido investigados por estos hechos han pasado un auténtico “horror”. También referido al ámbito judicial, Gambín se ha congratulado del archivo de las causas contra el ex alto cargo de la Junta de Andalucía Manuel Brenes y el exconcejal y empresario Julio Delgado por el asunto de los cursos de formación. La Justicia, en estos casos, ha entendido que ninguno cometió delito y que ni siquiera hay indicio de ello.
El anterior equipo de gobierno se cebó en más de una ocasión contra el caso del exconcejal y empresario de una academia de formación, al que acusaron desde un primer momento. A día de hoy, ni PP ni Ai-Pro han presentado una excusa a pesar del daño personal por unas acusaciones que el tiempo ha demostrado que fueron falsas y que pudieron provocar la renuncia de Delgado a la actividad política pese a no estar obligado.
Por último, otro proceso judicial que podría deparar sentencia es el que mantiene investigados a los miembros del anterior equipo de Gobierno del PP y Ai-Pro por presuntos casos de enchufismo; un proceso que la propia justicia entiende de “especial complejidad”. Gambín se reserva su opinión sobre el proceso y asegura que, por lo que le corresponde al Ayuntamiento, solo está aportando la documentación que le requieren los juzgados.
