La Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz –ente instrumental de la Diputación Provincial en materia de vivienda y urbanismo- ha tramitado, durante el plazo establecido entre julio y agosto de este año, un total de 65 solicitudes dentro del programa de ayudas al alquiler para rentas bajas de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, según Orden de la fecha 29 de junio de 2016.

Concretamente, se han gestionado 21 expedientes en Vejer de la Frontera; 19 en Benalup-Casas Viejas; otros 19 en San José del Valle; 5 en Villamartín; y 1 expediente en El Bosque. En todos los casos se trata de viviendas propiedad de la empresa pública. Esto se traduce en más de dos tercios del total de las alquiladas por la misma en la provincia. Han sido los propios técnicos del Área de Vivienda de Diputación los que se han puesto en contacto con los inquilinos de su parque público para informarles y ofrecerles la opción de tramitar las ayudas, siempre que los mismos cumplieran con los requisitos exigidos por la Administración autonómica.

El montante de renta anual sobre el que se aplica la ayuda asciende a 193.294,32 euros. La cuantía de las ayudas es del 40% del importe mensual de la renta, con un máximo de 200 euros al mes, elevándose al 80% en aquellos casos que se encuentren en riesgo de exclusión social. Como requisitos se exige el empadronamiento en la vivienda, contar con un alquiler mensual inferior a 500 euros y que lo ingresos familiares no superen en 2,5 veces el valor del IPREM. Las rentas mensuales subvencionadas rondan en la actualidad entre los 190 y los 320 euros para viviendas en régimen de alquiler con opción a compra.

La Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz suscribió el convenio para convertirse en entidad colaboradora el 13 de julio, junto a ocho entes más de la provincia entre empresas públicas y ayuntamientos, según datos de la Consejería actualizados a fecha 29 de julio.

En la actualidad, la Consejería de Fomento y Vivienda está abonando a la empresa provincial las ayudas para rentas bajas tramitadas en 2015, por un total de 42.226,75 euros, y próximamente procederá la empresa a compensar los recibos impagados o devolver las cantidades sobrantes a los arrendatarios, según cada caso.

Acogiéndose a la posibilidad de tramitar estas ayudas autonómicas, el Gobierno provincial trata de facilitar a los inquilinos de su parque público la ayuda para hacer frente a los pagos de sus viviendas. Esto se hace desde la premisa, según explica el diputado responsable del Área de Vivienda, Fran González, de que “queremos darle una dimensión social a nuestro trabajo. No solo hacemos el esfuerzo de gestionar este trámite, sino que estamos estudiando las necesidades de cada municipio en el que podemos facilitar un bien básico como es la vivienda a las familias con mayores problemas económicos. Desde nuestra llegada al Gobierno de la Diputación, hace poco más de un año, estamos desbloqueando promociones que estaban paralizadas por la crisis, hemos adaptado los requisitos para acceder a viviendas públicas que estaban vacías a las circunstancias de los demandantes de cada localidad y hemos apostado por la rehabilitación de inmuebles como nueva vía para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos”, concluye el diputado provincial.