La reclamación de una deuda de 63.000 euros al Ayuntamiento de Barbate por parte de la Agencia Tributaria (AT) por las retenciones en nómina de un trabajador municipal, ha sido causante del conflicto que estos días se vive en Consistorio, y que ha propiciado incluso denuncias ante la Fiscalía por esta cuestión y por otras, al desviarse bastante el tema de su razón inicial, con graves acusaciones hacia el regidor barbateño.
Salas ha procedido" a dar traslado a la Fiscalía Provincial, de una serie de facturas, por valor de 6.425 euros, sobre las que existen indicios racionales de responder al pago de deudas personales y no a trabajos realizados para el Ayuntamiento de Barbate”Incluso se ha celebrado un Pleno Extraordinario, a petición del PP, para aclarar qué ha pasado, y en el que el alcalde, Miguel Molina; la delegada de Hacienda, Tamara Caro; y el interventor, José Ramón Salas; pusieron sobre la mesa su versión de los hechos; contando con las intervenciones de los partidos de la oposición, PP y PSOE.
El primero en pronunciarse sobre el asunto fue el PSOE, que de inmediato anunció que “llevará a Fiscalía la documentación relativa a la deuda”, ya que “la Agencia tributaria deriva la responsabilidad al Ayuntamiento de Barbate por presunta mala praxis, y será el pueblo de Barbate el que tenga que pagar 63.000 euros, cosa que no vamos a permitir”.
El segundo, el Partido Popular que solicitó el Pleno Extraordinario, y que ha pedido el expediente del caso para decidir qué tipo de acciones emprender, dejando claro que vamos a velar porque “se depuren responsabilidades y no sean los barbateños quienes tengamos que asumir el pago de la cuantía por la presunta irresponsabilidad en la gestión del Ayuntamiento”. Asimismo, el PP ha lamentado “la mala prensa que este asunto está dando al Ayuntamieno y al pueblo de Barbate, además de lo que está afectando al funcionamiento del mismo”..
Explicación del Consistorio
Seguidamente, fue el Ayuntamiento el que emitió un comunicado anunciado que “lleva a las vías judiciales y administrativa la reclamación de la AT”, dando “las explicaciones oportunas para tranquilidad de los ciudadanos y resto de grupos políticos”.
En el comunicado se relata que “el Ayuntamiento de Barbate recibió hace aproximadamente un año una resolución inicial de la Agencia Tributaria en la que reclamaba ‘de carácter solidario’ una deuda referente a un trabajador municipal, relacionado con la práctica de embargos. Vistos estos hechos y en virtud de sus competencias, el Ayuntamiento presentó una serie de alegaciones en defensa de los intereses de la Administración”.
Por ello, “decidió actuar con antelación poniendo estos hechos en conocimiento del Órgano Judicial, con el objetivo de que se realice una investigación y se depuren responsabilidades al respecto”, expone.
En declaraciones a la prensa, Molina explicó que la deuda “no tiene que ver con este alcalde, que en todo caso ha actuado como tenía que actuar: pidiendo asesoramiento a un equipo externo, para ver cómo actuar y en base a ese informe técnico se ha actuado”. Así, declaró Molina, “el tema lo hemos puesto en manos de la justicia”, e informó que “también se ha firmado la revocación del cargo del interventor, que viene nombrado por la Junta de Andalucía, que decidirá si ponerle fin al contrato o no”.
“Hemos hecho lo que teníamos que hacer: asesorarnos, informarnos y actuar. Lo lógico era que se le abriera un procedimiento informativo, pero desde la Junta se nos informó que como había indicio de delito penal, lo más indicado era pedir la revocación del puesto”, declara el alcalde.
“Quiero dejar claro que todo proviene de una deuda personal de un trabajador municipal con la Agencia Tributaria y no mía. He informado de esta situación personalmente a Diputación y Junta de Andalucía, así como al Juzgado de Instrucción de Barbate, y de todo ello, aunque hagan ver a la ciudadanía lo contrario, se ha informado al PSOE, al PP y a UGT y CC.OO”, añade.
Comunicado del Interventor
Por su parte, el interventor del Ayuntamiento, José Ramón Salas emitió un comunicado para aclarar, lo que considera, “una versión de los hechos torticera, manipulada e injusta que está recibiendo la opinión pública sobre mi actuación y persona”; señalando, en primer lugar, su compromiso público y personal de “abonar/reintegrar cada céntimo de euro que el Ayuntamiento de Barbate tenga que pagar por la responsabilidad tributaria solidaria derivada del incumplimiento de la orden de embargo dictada por la AT contra mi persona”.
Y esto lo hace con una condición y es que “se ejerciten todas las acciones legales a través de los recursos administrativos que asistan al Ayuntamiento”, al considerar que “la Agencia Tributaria carece de razón jurídica como para derivar dicha responsabilidad tributaria al Ayuntamiento de Barbate” y alegando “la inexistencia de culpa o negligencia de cualquier empleado que haya intervenido en el proceso”.
Además, aclara que "la reclamación de Hacienda llegó en enero de 2021, y no hace un año".
Tras dar detalles de todo el proceso jurídico que envuelve esta reclamación de la AT, Salas, afirma que “todo este circo que se está montando contra mi persona y mi profesionalidad, obedece a intereses particulares de terceras personas con la única finalidad de revocar el nombramiento que con tanto esfuerzo y dedicación he merecido”.
“Lo correcto hubiera sido iniciar un expediente informativo y no directamente solicitar la revocación de mi nombramiento sin saber qué ha sucedido e intentar asustarme con una ‘nota preliminar’ de un abogado externo (sin decreto de contratación), pese a los numerosos abogados y personal de confianza que están a disposición y servicio del Ayuntamiento y del alcalde”, concluye José Ramón Salas.
El interventor lleva al alcalde a Fiscalía
El enfrentamiento entre el alcalde y el interventor se ha hecho más notable, al anunciar este último que “ha procedido a dar traslado a la Fiscalía Provincial, de una serie de facturas, por valor de 6.425 euros, sobre las que existen indicios racionales de responder al pago de deudas personales y no a trabajos realizados para el Ayuntamiento de Barbate”. “Dichas facturas han sido firmadas y autorizadas por el alcalde y conocidas por la delegada de Hacienda y Recursos Humano”, afirma Salas, quien indica que “estos hechos pudieran ser susceptibles de constituir un delito de prevaricación y malversación”.
Ante esto, el alcalde, Miguel Molina, declaró que “estoy tranquilo, si considera que hay algo, que lo ponga en conocimiento de la Justicia”. “Habré firmado unos 23.000 decretos en seis años y puede que se refiera a una factura que ni siquiera está pagada”, explica; afirmando que “todas las facturas, antes de mi firma, llevan informes positivos de los distintos departamentos, incluido el suyo”.
Molina y Varo, ataques políticos
La polémica por la reclamación de la AT al Ayuntamiento, se ha convertido en un cruce de acusaciones entre el Miguel Molina y Mariloli Varo.
Desde el PSOE anuncian que además de ir a Fiscalía por el asunto de los 63.000 euros, “pedimos un explicación o dimisión del alcalde, y también llevaremos a Fiscalía las acusaciones de suma gravedad realizadas por el interventor, sobre el supuesto intento de pagar una deuda personal con dinero público”. Asimismo, desde el PSOE piden “el gasto de la tarjeta del alcalde, por si también tuvieran que adjuntarla a la denuncia”.
Por su parte, Miguel Molina, ha declarado que Barbate “merece más unidad y menos confrontación”, criticando que el PSOE “demuestra que solo les interesa la política de juzgados” y aprovecha cualquier oportunidad “aunque los 63.000 euros no tengan que ver con el alcalde, para hacer su política”. Molina ha recordado “todas las deudas heredadas del PSOE que estamos pagando los barbateños” y en todo momento defiende su gestión.
AxSí advierte de una “campaña sucia”
Tras la puesta en conocimiento en los juzgados de un presunto fraude fiscal de un trabajador municipal, se han venido sucediendo las críticas y acusaciones sobre la legalidad y honorabilidad del alcalde Miguel Molina y algunos concejales del equipo de Gobierno, tanto en las redes sociales como en establecimientos de la localidad, a través de personas muy vinculadas a un determinado partido político.
Para la Coordinadora local de Andalucía por Sí (AxSí), estamos en “el inicio de una campaña sucia contra la imagen del equipo de Gobierno local, donde se vierten acusaciones sin ningún tipo de prueba contra ellos, haciendo bueno el refranero español que dice miente que algo queda”. Para la dirección del partido político que actualmente ostenta el Gobierno local, se quiere lanzar un mensaje tranquilizador a todos los barbateños, votantes o no de AxSí, “el partido tiene un Gobierno ejemplar y no permitiremos que se le difame, cualquier acusación deberán demostrarla”.
AxSí, además se ha mostrado muy dolido al comprobar que “muchas de esas voces que surgen en las redes contra el Gobierno local vienen vertida de antiguos compañeros de AxSí, lo que hacen aún más dolorosa estos ataques”. Para los andalucistas, “lamentamos que antiguos compañeros se vayan de nuestro partido argumentando discrepancias con la dirección y se peguen a las agrupaciones de la Gurtel o de los Eres de Andalucía, lo que demuestra la nula base políticas de estas personas, que apoyan más sus intereses personales que los proyectos políticos del partido”.
