El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se mostró ayer dispuesto a hablar de la cuestión lingüística en relación con el castellano y las otras lenguas en las conversaciones con vistas a un pacto educativo, dentro del “espíritu constitucional”, según precisó.

“Y si se trata de que todos los alumnos tengan garantizado el conocimiento de la lengua con independencia del terreno en el que estén, de acuerdo, eso queda garantizado; y también queda garantizado que esto ocurre y ocurrirá y ha de ocurrir en todas las comunidades autónomas”, señaló en la Comisión de Educación del Congreso.

Matizó que la propuesta de pacto educativo se inscribe en la Constitución, “nace del espíritu constitucional”, así que no es un pacto ni para cambiar la Constitución ni combatir ese espíritu, ha apostillado.

En ese espíritu constitucional, dijo el ministro, “estamos dispuestos a hablar de este asunto (de la lengua) y, si así se considera, encontremos un buen acuerdo para hacerlo, pero no utilicemos las lenguas como un vehículo de confrontación, una lengua no se defiende atacando a otras”, sino buscar una fórmula que reconozca la realidad plurilingüe.

Los sistema actuales existentes en las comunidades autónomas con idiomas cooficiales, con más o menos acierto, son fruto de consensos sociales de cada territorio, avalados por parlamentos democráticos y la doctrina constitucional, según añadió.

En relación con la libertad de enseñanza, señaló que es “pura Constitución”, así que no se pone en duda, aunque también se ha mostrado abierto al debate en este asunto, a ponerse de acuerdo en el significado de esta cuestión, vinculada a la justicia.

En cuanto a los conciertos, señaló que de ellos se derivan derechos y deberes.

Sin embargo, precisó que la educación pública no se mejora combatiendo la concertada.

El ministro enfatizó que el pacto no se propone excluir a nadie, ni “recuperar competencias en materia educativa por parte del Gobierno central”.

Negó que la propuesta de opciones hacia el Bachillerato o la FP en cuarto de ESO sea un “darwinismo social” vinculado a las circunstancias económicas o intelectuales del alumnado.

En cuanto al futuro estatuto de la función pública docente, señaló que será “compatible” con el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la ley de educación de esa comunidad.

El portavoz del Grupo Popular, Juan Antonio Góméz Trinidad, apuntó que son necesarias reformas “profundas” porque lo que está fallando es el modelo pedagógico subyacente durante los últimos 20 años, en alusión a la Logse.