Los afectados por el Síndrome de Down, sus familias y la sociedad en general se enfrentan al gran reto de conseguir una vida normalizada en la que puedan gozar de autonomía personal que les permita, entre otras cuestiones, formar una familia o desarrollar un trabajo con plenas garantías.

Esta es la principal línea de trabajo del II Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down, que se celebra hasta el 2 de mayo en Granada, y donde se dan cita desde ayer casi 2.000 asistentes de una veintena de países.
El presidente del comité organizador, Carlos Marín, explicó a los periodistas que las personas afectadas por el Síndrome Down “son perfectamente capaces de llevar una vida normalizada e independiente cuando son adultos”.

Marín considera que el reto deben afrontarlo en primer lugar sus familiares y después el resto de la sociedad para permitirles que tengan “el control de sus vidas”, ya que el problema no reside tanto en la falta de apoyos como en la “actitud”.

En España, más de 30.000 personas están afectados por el Síndrome Down, aunque el porcentaje de nacimientos ha bajado por la posibilidad de interrumpir el embarazo tras el diagnóstico previo.

De ellas, un porcentaje muy pequeño están integradas totalmente, ya que hay muchas que nunca han recibido educación y simplemente han sido atendidas en sus casas o centros, mientras que hay otras personas que desde que nacen tienen cuidados especializados.

Lo que ha cambiado es que “se les ha dejado de apartar” y los porcentajes de personas que han conseguido un trabajo y una vida independiente van en aumento, por lo que se reclama que sean los propios afectados también los que sean capaces “de asumir todas las consecuencias que esto tiene”, ha apuntado.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que ha participado en la inauguración del congreso, ha señalado que se debe trabajar para “hacer efectivos los derechos de todas las personas”, ya que se está demostrando que con la ciencia y el compromiso social personas que hace poco estaban marginadas “hoy pueden estar integradas socialmente” y ejercen “su derecho a la felicidad”.

Griñán considera que “lo importante es darles espacios para que ellos mismos sean artífices de su propia biografía”, aunque la promoción de una vida autónoma exige apoyos, que deben venir del resto de la sociedad, de la administración y del mundo empresarial.

“La atención educativa tiene que ser línea de fuerza de las políticas sociales”, dijo Griñán, quien cree que con la exclusión se pierde “capital humano y productividad”, por lo que todos los esfuerzos deben dirigirse a que esos 5.000 afectados por Síndrome de Down que hay en Andalucía puedan normalizar sus vidas.