El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, reconoció ayer que el decomiso de vehículos por delitos de tráfico pretende ser un “sustitutivo” de la pena de prisión, que ya afecta a casi 1.500 personas, y ha dicho que los “acosadores viales” serán castigados con hasta 24 meses de prisión.

El fiscal de Seguridad Vial, que ayer presentó el balance de las actuaciones de su departamento, también ha señalado que casi 500 de los conductores encarcelados se encuentran en Cataluña, que tiene competencias en materia penitenciaria, lo que representa una tercera parte del total de los presos condenados por infracciones de tráfico.

En el resto de España son 988 los conductores que cumplen condena por este tipo de infracciones que, según los datos facilitados por Vargas, se relacionan mayoritariamente con la conducción sin permiso (352), la conducción bajo la influencia del alcohol y las drogas (284) y la conducción temeraria (236), un epígrafe en el que se incluyen los homicidios imprudentes, que ya ascienden a 680.

El balance también contabiliza 6.600 lesiones imprudentes y cifra en 109.768 los procedimientos penales registrados durante 2009, lo que supone un incremento del 26% respecto a 2008 que, según Vargas, no significa que haya más delitos, sino que refleja “más eficacia en su persecución”.

Una de las conductas que la Fiscalía pretende perseguir es la de los “acosadores” que van “pegados” detrás de un vehículo, de tal forma que, cuando su conducta sea delictiva, se considerará su actitud como “conducción temeraria”, un delito castigado con penas de entre seis meses y dos años de prisión.

Vargas también ha reflexionado sobre la reforma del Código Penal, que entrará en vigor el próximo mes de diciembre, y ha dicho que “pretende” que el decomiso de vehículos, recientemente aprobado, sustituya la pena de prisión porque esta medida es “muy rigurosa” y debe quedar “reservada” a los casos “muy graves”.

Además, ha indicado que uno de los criterios que deben tener en cuenta los fiscales a la hora de decidir si confiscan o no un vehículo es el valor económico del mismo.

“Se decomisa más fácilmente un vehículo de diez años, que tiene menor impacto económico, que uno que tiene un gran valor”, ha añadido Vargas para después explicar que la Fiscalía propone otros criterios objetivos como las infracciones reincidentes del conductor o las manipulaciones que se hacen en un vehículo para incumplir las normas de circulación.

En este sentido, Vargas ha avisado de que los inhibidores de radares, las sustancias que puedan dificultar la lectura de una matrícula o los tacógrafos pueden ser causa también de la retirada del automóvil.

También ha avanzado que la Fiscalía propone la creación de un Fondo de Vehículos Decomisados que regule su depósito y, cuando sea necesario, su venta, y ha dicho que espera que el dinero recaudado “revierta” en la sociedad y que pueda utilizarse para un programa de rehabilitación para conductores drogadictos y alcohólicos.

Desde diciembre de 2007 -cuando entró en vigor la reforma del Código Penal en materia de Seguridad Vial- la Fiscalía ha contabilizado 233.488 condenas, 135.000 de ellas provocadas por el consumo de alcohol y drogas.

En este sentido, Vargas ha recordado que el proyecto europeo Druid sobre el consumo de alcohol y estupefacientes al volante, realizado entre septiembre de 2008 y agosto de 2009, demostró que el 12,2% de los conductores había consumido drogas, por lo ha considerado que la regulación actual es “insuficiente”.

Respecto al perfil de los presos españoles, Vargas ha reconocido que el 90% son hombres y que esto puede ser un síntoma de una “masculinidad mal entendida”.