“Ser un niño pobre en España no significa pasar hambre, pero sí tener más posibilidades de estar malnutrido; no significa no acceder a la educación, pero sí tener dificultades para afrontar gastos o abandonar de forma temprana los estudios; no significa no poder ir al médico, pero sí tener problemas para pagar algunos tratamientos”, ha explicado la directora del estudio, Marta Arias.
El informe La infancia en España 2010-2011 expone que el 24,1 por ciento de los menores de 18 años viven en hogares cuyos ingresos están por debajo del 60 por ciento de la media de ingresos nacional, que para una familia de dos adultos y dos niños se sitúa en unos 16.000 euros.
Destaca que ese porcentaje está por encima de la tasa de pobreza de la población total, que es de 19,5 por ciento.
En los hogares con niños en los que ninguno de los adultos trabaja, el riesgo de pobreza se eleva a un 62,8 por ciento, frente al 9,3 de las familias en los que todos los adultos están trabajando.
Pero incluso teniendo en cuenta los hogares donde trabajan los adultos, España es de los países que presenta un nivel más alto de pobreza, situándose en 2008 en el cuarto estado de la UE con mayor tasa de este tipo de pobreza.
“Este hecho está relacionado con la precariedad en el empleo, los bajos sueldos y el empleo a tiempo parcial”, señala UNICEF, creando los conocidos como “trabajadores pobres”.
En los hogares monoparentales y en las familias con tres o más hijos se disparan las tasas de pobreza en 19 y 25 puntos porcentuales, señala el informe, que también estima determinante pertenecer a minorías, ser niño inmigrante, menor discapacitado o vivir con personas con discapacidad.
UNICEF señala que el nivel de gasto público destinado a familia e infancia se encuentra entre los más bajos de los países ricos y en último lugar entre los europeos, y considera que la reducción de la pobreza infantil no es una cuestión “tanto de recursos” como de diseño y planificación de políticas sociales. España es junto a Grecia el país de la UE en el que las políticas de trasferencias públicas tienen un menor impacto reductor de la pobreza infantil, expone el estudio.
