Profesionales sanitarios, pacientes, sociedades científicas y políticos defienden que la descentralización del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha sido positiva, pero admiten que hay graves desigualdades territoriales que sólo se solucionarán retomando algunas competencias.

Ante el debate abierto sobre la necesidad de revisar el modelo autonómico, cuando el déficit del SNS asciende a 15.000 millones de euros, los colectivos relacionados con la Sanidad han coincidido, al ser consultados por Efe, en que transferir esta competencia a las Comunidades ha sido un acierto en términos generales.

No obstante, esgrimen que no habrá ahorro ni eficiencia en el gasto ni se recuperará la equidad y la cohesión, si alguien no toma las riendas, como repiten machaconamente todos los sectores implicados en el mundo de la salud.

El presidente del Foro Español de Pacientes, Albert Jovell, considera que ya que la cartera de Igualdad se ha incluido en un Ministerio como el de Sanidad y Política Social, "habría que decirles a sus responsables que no se limiten a fomentar la de género, sino que también se preocupen de garantizarla en la atención a los enfermos".

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), ha declarado que hay una tendencia a que cada Comunidad tome decisiones "para significarse" con respecto a las otras, estableciendo "fronteras" dentro de España como si cada región fuese un país extranjero.

Sostiene que algunos "riesgos" de la descentralización se han "desarrollado" y éste es el momento de "buscar mecanismos" que los corrijan para que haya "un mínimo de coherencia estatal", incluso "recuperando ciertas competencias".

"Habría que crear algún mecanismo que arreglara la financiación y que fuera vinculante para todos", ha señalado, para referirse concretamente a otorgar un papel "ejecutivo" al Consejo Interterritorial de Salud, de modo que sus decisiones fueran "vinculantes" y de cumplimiento "obligado".

Sobre todo, a la hora de decidir la política de recursos humanos, la cartera de servicios, los medicamentos que financia el SNS, el calendario vacunal y aquellas decisiones de carácter general y de interés común para todos los españoles.

A su juicio, el Gobierno debería tener "más autoridad" pero no es el único responsable, ya que los grupos políticos no son capaces de suscribir un pacto de Estado por la Sanidad en Las Cortes y las administraciones autonómicas tampoco se ponen de acuerdo.

"Es una mezcla explosiva", ha aseverado, para denunciar que la diferencia entre lo que invierte cada Comunidad en Sanidad alcanza en algunos casos hasta el 30% per cápita.

Máximo González, presidente del Consejo General de Enfermería, ha subrayado que la situación actual hace imprescindible que el Ejecutivo adopte las medidas que sean necesarias para garantizar la sostenibilidad del SNS y eso pasa "por recuperar determinadas competencias hoy transferidas a las CC.AA".

"El Gobierno debe recuperar no la gestión en sí de la Sanidad, que indudablemente debe permanecer en manos de las Comunidades, sino una serie de competencias específicas", ha abundado.

A modo de ejemplo, ha dicho que "no es de recibo" que haya Comunidades con más de 900 enfermeras por cada cien mil habitantes y otras, como Murcia, tan sólo tienen 300.

Otra competencia que debe ser "exclusiva" del Ministerio es la política farmacéutica, como ha denunciado Farmaindustria, frente a decisiones de algunas regiones que "rompen la cohesión del SNS y pone en riesgo la unidad de España".

Ante este clamor, los principales partidos se acusan mutuamente de los desequilibrios, si bien coinciden en que la transferencia de la Sanidad ha supuesto uno de los mayores avances de este país.

La secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez, ha acusado a los populares de falta de "lealtad institucional" al no respetar el Pacto por la Sanidad y ha apostado por profundizar en el consenso para que la salud salga de la confrontación política.

Desde el PP, la coordinadora de Política Social, Ana Pastor, ha achacado estos problemas a la "inoperancia" y "falta de liderazgo" del departamento que actualmente dirige Leire Pajín, porque ni siquiera es capaz de desarrollar y aplicar leyes básicas como la de Cohesión y Calidad del SNS o la de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.