Después de seis meses de trabajos, el Comité presentó ayer sus conclusiones a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, quien ha explicado que serán elevadas mañana al Consejo de Ministros y previsiblemente “antes del verano” el Gobierno elaborará el anteproyecto de ley.
Aído manifestó en rueda de prensa que “no se trata de elaborar una norma más permisiva, sino más segura” que garantice el derecho de las mujeres y subrayó que el Ejecutivo “no sigue criterios fundamentalistas de ningún extremo” sino que ofrece “soluciones equilibradas”.
Los expertos recomiendan que no haya límite de semanas en aquellos casos en los que el feto presente malformaciones incompatibles con la vida y que a partir de la semana 22 –señalada por la OMS como periodo límite de viabilidad fetal– la interrupción del embarazo no se considere un aborto sino “un parto inducido”.
Según el ginecólogo del Hospital Severo Ochoa Javier Martínez Salmeán, uno de los nueve integrantes del comité, la mujer debe ser informada sobre las ventajas y las ayudas de las que dispone si quiere continuar con el embarazo y debe contar con un periodo de reflexión de tres días.
Para elaborar las recomendaciones, el comité ha tenido en cuenta las legislaciones de países europeos y los cambios en el reconocimiento de la salud sexual y reproductiva de las mujeres como un derecho que no puede ser “tutelado”, señaló Salmeán.
También piden al Ejecutivo la puesta en marcha de una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva con enfoque de género para prevenir los embarazos no deseados y rebajar el número de abortos.
En el plano jurídico, María Durán i Febrer señaló que una ley de plazos queda “dentro del marco de la Constitución” y aboga por que nunca se penalice a una mujer por abortar, aunque incumpla los requisitos legales para hacerlo.
En este sentido, Bibiana Aído ha subrayado que el Gobierno tiene claro que “ninguna mujer que aborte pueda ser penada con la cárcel”.
Para ello los expertos proponen la desaparición del artículo 418 del Código Penal, que contempla penas para las mujeres que abortan fuera de los supuestos que recoge la Ley de 1985: malformaciones, peligro para la salud física y psíquica de la mujer y violación.
También aconsejan excluir la prisión y atenuar las penas para los médicos que practiquen abortos, aunque sí debe continuar la tipificación penal en caso de que no sea respetuoso con los requisitos legales, señaló Durán.
A tenor de las conclusiones, las mujeres de entre 16 y 18 años podrían abortar sin consentimiento de sus padres y para ello se debería eliminar de la Ley de Autonomía del Paciente la exclusión del aborto de las operaciones quirúrgicas a las que una menor puede someterse.
Tanto los expertos como la titular de Igualdad han coincidido en el respeto a la objeción de conciencia de los médicos, pero han matizado que ésta no puede impedir que una mujer pueda ejercer su derecho a abortar.
“Un ginecólogo o un anestesista, los profesionales más implicados en las operaciones, pueden objetar, pero no un hospital entero o una consejería”, señaló Martínez Salmeán.
Los trabajos de este comité transcurrieron paralelos a la subcomisión del Congreso de los Diputados cuyo informe fue aprobado el 18 de febrero por la Comisión de Igualdad y que establece un periodo no determinado para el aborto libre y varias indicaciones para interrumpir el embarazo más allá de ese plazo inicial.
“Un paso más en la farsa para el aborto libre”, según el PP
El PP ha señalado que las conclusiones del comité de expertos del Ministerio de Igualdad suponen “un paso más” en la “farsa” que ha montado el Gobierno “para abrir la puerta al aborto libre en España”.
En declaraciones a Efe, la portavoz del PP en la subcomisión del Congreso que estudió la modificación de la Ley del Aborto, Sandra Moneo, ha señalado que este comité ha sido creado “ad hoc” por el Ministerio y trabaja “al dictado” del Gobierno. Aseguró que el Ejecutivo desdeña las opiniones de expertos que comparecieron en la subcomisión del Congreso desde que decidió “imponer el aborto libre”.
A su juicio, con esta Ley sólo ganan quienes “han hecho negocio del aborto” y no da respuesta al derecho de la mujer a ser madre, ni defiende los derechos de los no nacidos ni de los padres.
Calificó de “increíble” que un menor requiera del permiso de sus padres para ponerse un ‘pearcing’, pero pueda abortar sin permiso como se recoge en las conclusiones de los expertos.
Decepción de las clínicas abortistas
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) mostró su decepción porque considera los supuestos para abortar señalados por el comité de expertos “ambiguos” y que llevarán a las españolas a interrumpir su embarazo en el extranjero.
En un comunicado, ACAI critica que los expertos solo aprueben el aborto a partir de la 22 semana en caso de malformaciones incompatibles con la vida y “deje fuera” aquellas que impiden una "vida digna". A su juicio, este supuesto conducirá a cientos de mujeres a abortar fuera de España o a la clandestinidad.
Las clínicas aseguran que más de 9.000 mujeres que abortan a partir de la semana 14 quedarán “descubiertas” por la nueva ley, que “no concreta” el concepto de salud por el que una mujer puede interrumpir su embarazo por encima de ese plazo.
