El tráfico es la principal fuente de contaminación acústica en España, aunque el ruido procedente del ocio nocturno y las molestias vecinales se sitúan a la cabeza de las denuncias de los ciudadanos. 

Con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, Ignacio Sáenz Cosculluela, presidente de la Plataforma Estatal de Asociaciones contra el Ruido (Percram), ha alertado de que la contaminación acústica es “una de las más perversas que existe, porque influye directamente en la salud” de las personas. 

Señaló que el tráfico sólo es motivo de denuncia en un cinco por ciento de los casos, ya que “el ciudadano da por hecho que hay que aguantar este tipo de molestia porque es inherente a la propia civilización”. 

Sin embargo, casi un 28% de las denuncias tienen como motivación el ruido procedente del ocio nocturno (bares, discotecas y botellón) y de los vecinos (televisión, taconeo, voces, etc). 

Más de doce millones de españoles soportan niveles de ruido por encima de los 65 decibelios, el límite aceptable establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que asegura que España es el segundo país más ruidoso del mundo, tras Japón. 

Sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señalan que cuando una persona tiene que soportar cotidianamente valores de ruido de más de 65 decibelios “ya empieza a tener un serio problema de salud”, según Sáenz Cosculluela. 

Está demostrado que la contaminación acústica provoca estrés, ansiedad, insomnio, pérdida de atención, pérdida auditiva, retraso escolar o baja productividad. 

El presidente de Percram, que agrupa a más de cien asociaciones de toda España, va más allá y asegura que ya se han dado dos casos en España de fallecimientos por infartos a causa del estrés provocado por el ruido.
Pese a la existencia de una Ley del Ruido, aprobada en 2003, el problema no se ha resuelto. 

Sáenz Cosculluela critica que esta norma “está hecha para las grandes infraestructuras, pero el ruido vecinal lo deja en manos de las comunidades autónomas”. 

Existe “una gran disparidad” entre las leyes autonómicas y las ordenanzas municipales existentes y en la mayoría de los casos “carecen de un articulado eficaz, es decir no tienen principios de precaución y tutela administrativa” del derecho a proteger. 

Aprovechando la celebración del Día Internacional contra el Ruido, la Plataforma ha remitido un documento a los Ministerios de Política Territorial y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y a la Federación Española de Municipios y Provincias con sus reivindicaciones. 

Pide una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que “obligaría a los ayuntamientos a legislar bajo un solo paraguas en aspectos técnicos y jurídicos respecto a sus ordenanzas municipales”. 

Todo bajo la creación de una mesa de trabajo con los agentes sociales implicados y con la colaboración de empresas especializadas en ensayos acústicos y juristas especializados, para la unificación de criterios que sirvan de marco de referencia en todos los ayuntamientos y comunidades. 

Otra de sus peticiones es que se dote de medios y potestad a las policías locales, para que puedan precintar en el momento una fuente de ruido que supere en seis decibelios lo marcado por la Ley del Ruido. 

La Plataforma no se muestra muy esperanzada de que la nueva norma de protección contra el ruido, que entró en vigor el viernes y que triplica las exigencias de aislamiento acústico en viviendas nuevas y rehabilitadas, vaya a solucionar el problema. 

Sáenz Cosculluela reconoce que se exigen más parámetros de aislamiento, “pero lo que nadie ha dicho es que un constructor para entregar las llaves solo tiene obligación legal de rellenar un impreso diciendo que ha construido respetando los mínimos que le marcan”, sin que exista una comprobación posterior.