El alcalde de Chipiona (Cádiz), Antonio Peña (PP), ha confirmado que presenta su dimisión y entrega el acta de concejal a su partido ante la imposibilidad "legal y moral" de dar cumplimiento a la obligación judicial de derribar 29 viviendas irregulares que fueron construidas hace más de diez años, cuando el PSOE gobernaba en la localidad.
En rueda de prensa, Peña ha explicado que ha sido una decisión "complicada", si bien ha aclarado que no está motivada por el 'caso Uniformes', ya que a día de hoy no hay sentencia por este caso. Sí ha vinculado "indirectamente" su renuncia con una cuestión judicial, concretamente con la obligación de dar cumplimiento a las órdenes de demolición de una serie de viviendas.
Dichas ordenes de derribo son anteriores a su toma de posesión como alcalde hace cinco años, tiempo en el que han estado intentando encontrar soluciones que han caído en su mayoría "en saco roto". Se está pendiente, según ha apuntado, de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitiría legalizar muchas de esas viviendas, que ha destacado que no se encuentran en zonas inundables ni especialmente protegidas.
Peña ha indicado que parte de las viviendas sobre las que pesa orden de demolición son de primera residencia y, además, se encuentran en núcleos donde abundan grandes viviendas de segunda residencia que "ni si quiera tienen denuncia".
En su opinión, esto supone "un agravio comparativo" y considera "injusto y complicado" acceder a esa obligación que tiene el Ayuntamiento de hacer cumplir la sentencia de derribo. A ello se suma que desde el equipo de gobierno se han estado "intentando buscar empresas capaces de hacer frente a la demolición y hasta la fecha no la hemos encontrado".
Por otra parte, ha aludido al aspecto "moral", planteando que "muy difícilmente una persona se puede acostar tras demoler una vivienda a una familia, a la que ha echado a la calle, y encima pasarles una factura por ello".
"UN CALLEJÓN SIN SALIDA"
Así, se ha visto "en un callejón sin salida", ante la tesitura de que "no tengo fórmula para poder hacer la demolición y moralmente no me veo en condiciones para poder llevarla a cabo", de manera que podría enfrentarse a la justicia "por desacato y desobediencia" y "no lo asumo", ha enfatizado.
A su juicio, en este caso se ha producido "un enfrentamiento entre la legalidad y la justicia" y es consciente de que puede "cometer errores" de los que "después me vaya a arrepentir", por lo que entiende que "es el momento oportuno de decir adiós" y dar la oportunidad a otro alcalde para buscar la solución a algo para lo que "en cinco años no he sido capaz".
Al respecto, ha insistido en que una de las posibles soluciones pasaría por solicitar a la Fiscalía o al juzgado moratorias para dar tiempo a la modificación del PGOU que permitiría que determinados núcleos de asentamientos que se pueden desarrollar se desarrollen y se legalice así la situación de muchas de estas viviendas.
A preguntas de los periodistas, ha explicado que los diferentes órganos del partido han aceptado su decisión y, aunque ha reconocido que los órganos provinciales le transmitieron que "no es el momento" y que no deseaban que renunciase a la Alcaldía, entiende que "una cosa es que no deseen que me vaya, y otra que no tenga más remedio".
RELEVO EN LA ALCALDÍA
En cuanto a los plazos a partir de ahora, ha explicado que seguirá siendo alcalde de la localidad hasta que el Pleno tenga conocimiento de su renuncia, cosa que ocurrirá en el Pleno ordinario del próximo día 20 "como muy tarde".
A partir de ese momento, quedará como alcaldesa en funciones la primera teniente de alcalde, Davinia Valdés, siendo el plazo máximo legal de diez días en los que debe convocar un pleno extraordinario para la elección de un nuevo alcalde.
Ha indicado que aún no hay candidato del PP para su relevo, ya que aún no se ha reunido el comité electoral de Chipiona que debe proponer su candidato al comité provincial, a quien corresponde aceptar o no la propuesta.
Preguntado por una posible moción de censura de IU y PSOE --que suman nueve concejales frente a los ocho del PP--, ha dicho que sería "totalmente legítima", si bien ha confiado en que no ocurra porque hasta ahora ha habido "mucha coherencia" en el municipio y los partidos "han respetado lo que los ciudadanos han querido, que es que haya un alcalde del PP, con independencia de que sea Antonio Peña u otro".
Así, ha insistido en que espera y confía en que "la coherencia que siempre ha existido a la hora de esta elección se siga manteniendo y el próximo alcalde sea del PP".
