Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Córdoba, Cádiz y Santiago de Compostela, ocho de las grandes ciudades de España, han manifestado su rechazo al borrador del real decreto de ley sobre pobreza energética del Gobierno.
En un acto conjunto en el Ayuntamiento de Barcelona, los ocho ayuntamientos han presentado sus alegaciones al proyecto con que el Gobierno quiere regular el bono social y la figura del consumidor vulnerable.
Los ayuntamientos de Madrid, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Córdoba, Cádiz, Santiago de Compostela y Barcelona coinciden en que el proyecto de ley pone en peligro el trabajo que llevan a cabo para garantizar el suministro a las personas en riesgo de exclusión social.
Los representantes municipales creen que el proyecto de real decreto antepone la protección de las compañías eléctricas en detrimento del consumidor vulnerable al supeditar la defensa de las familias en riesgo de exclusión a la existencia previa de una administración pública que asuma por adelantado el pago de las facturas pendientes.
Además, argumentan que se deja en manos de las empresas comercializadoras la prerrogativa de determinar la condición de vulnerable del consumidor.
"Esta regulación es una burla", ha sentenciado la teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz, que ha advertido de los peligros de "una mala regulación, que llega tarde y sin escuchar a la ciudadanía ni a los municipios".
Ortiz ha destacado que el proyecto del Gobierno "deja fuera a mucha gente vulnerable, incrementa la presión a los servicios sociales y exime a las grandes compañías suministradoras mientras penaliza a las pequeñas".
La tercera teniente de alcalde de Justicia Social y Cuidados del Ayuntamiento de A Coruña, Silvia Cameán, ha asegurado que la ley que propone el Gobierno "invade competencias legitimas -de los ayuntamientos- que permiten normativas y prestaciones mas adecuadas a sus realidades", hasta el punto que el 55 % de las familias vulnerables que atienden ahora los Servicios Sociales quedan excluidas del bono social.
El concejal delegado de Servicios Sociales, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo, ha acusado al Gobierno de fijar unos criterios muy restrictivos para ser considerado en situación de vulnerabilidad severa con el fin de minimizar el número de familias que sufren pobreza energética y "poder decir que no existe este problema en este país".
La segunda teniente de alcalde y concejala de Presidencia, Asuntos Sociales y Educación del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, ha asegurado que el proyecto "no solo no resuelve sino que va a desproteger", entre otros motivos, porque el bono social no se podrá aplicar cuando la empresa comercializadora es pública, como sucede en esta ciudad andaluza.
"El proyecto no nos convence. Son pasos hacia atrás. No garantiza la cobertura de las personas en vulnerabilidad y no queda claro si las personas solas van a tener bono social", ha explicado la concejala de Políticas Sociales, Diversidad y Salud del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Concepción Fernández.
La vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, ha puesto énfasis en que "no se puede tratar como algo normal el corte de suministro a personas o familias", como en su opinión hace el Gobierno, y ha asegurado que con este proyecto se vuelve a exigir a los ayuntamientos "la aplicación de la normativa sin recursos".
