La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha lamentado la larga espera que han padecido dos guardias civiles que fueron objeto, en una patrulla, de la embestida de una furgoneta que transportaba droga durante una operación contra el narcotráfico en San Roque en noviembre de 2014.

El juicio comienza hoy en la Audiencia Provincial de Málaga. El abogado de la AEGC, que representa a uno de los dos agentes agredidos, ha solicitado una pena de un total de ocho años de prisión y veinte años y cinco meses de multa a 20 euros diarios, además de ocho años de retirada del permiso de conducir, por los delitos de atentado a agente de la autoridad y contra la salud vial.

Los hechos tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2014, cuando los dos agentes realizaban un control rutinario de vehículos y dieron el alto a una furgoneta. El conductor de la misma hizo caso omiso a la orden de alto, iniciándose de inmediato una persecución por la AP-7 a la que se unieron en apoyo otras unidades.

Ya próximos al término municipal malagueño de Casares el conductor de la furgoneta terminó embistiendo al coche patrulla, provocando lesiones a los dos agentes. En concreto, al defendido por el abogado de AEGC las heridas sufridas en las piernas le han supuesto ingresar dos veces en el quirófano, seis meses de hospitalización y una baja para el servicio de tres años.



“Más de siete años en los que, mientras el guardia civil entraba y salía del quirófano y del hospital tratando de recuperarse de las lesiones sufridas para volver a estar apto para el servicio, el delincuente ha seguido ejerciendo su oficio en libertad y sin responder de sus actos ante la justicia”, lamenta la asociación en un comunicado.

Para AEGC esta situación supone “un doble escarnio para nuestros compañeros que han sufrido una agresión y han tenido que soportar la lentitud de la justicia, porque ¿De qué nos puede resarcir una justicia que tarda siete años en sentar en el banquillo de los acusados al autor de un hecho tan grave?”.

Advierte la asociación de que “aún queda un último agravio que soportar”. Se refieren a “una condena menor por considerar a los guardia civiles agentes de la autoridad en vez de autoridad, como llevamos años reclamando desde AEGC”.

Igualmente demandan “un juzgado y una fiscalía específicos que se encarguen de los delitos de narcotráfico para que los juicios no se dilaten en el tiempo lo que posibilita a los delincuentes salir impunes por la dilación de la justicia”. Sin embargo, apuntan, “nos tememos” que “podría ocurrir ahora con este narco porque ya ha ocurrido en otras ocasiones”.



AEGC recuerda también que “cuando se produjo este incidente ya avisamos que el incremento de la agresividad de los narcos pondría en mayor riesgo la vida de los agentes. Desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón con varios miembros de las FCSE del Campo de Gibraltar muertos en acto de servicio, incluido un policía local”.

Por todo ello, la asociación espera que “todas las promesas de mejoras que nos han venido haciendo desde las instituciones competentes a todos los que luchamos contra el narcotráfico no sigan dilatándose y de verdad se pongan en práctica, empezando por la consideración de zona de especial singularidad para todo el Campo de Gibraltar anunciado por el ministerio del Interior pero que seguimos esperando”.