Izquierda Unida ha elevado al Parlamento andaluz la exigencia al Gobierno de la Nación para que ceda a la Junta la gestión y explotación de la finca La Almoraima, ubicada en la localidad gaditana de Castellar de la Frontera, actualmente en manos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Así figura en una proposición no de Ley registrada por la federación de izquierdas para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente del Parlamento y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA recuerda que la finca La Almoraima, con 14.109 hectáreas de superficie ocupadas en un 90 por ciento por el parque natural de Los Alcornocales, constituye el "mayor latifundio de todo el país" y se constituyó como sociedad anómina en 1946, siendo expropiada en 1983 al grupo Rumasa y pasando a ser "desde entonces y hasta la actualidad la competencia exclusiva de la Administración central".

En su opinión, "la finca, que es íntegramente andaluza, debiera ser gestionada por la Junta, más cercana y desde luego más sensible a los problemas que atraviesa el pueblo andaluz con especial crudeza en el medio rural, donde es incomprensible que una finca pública esté infrautilizada pudiendo albergar usos que mejoren las duras condiciones de vida que están atravesando los municipios de su alrededor".

"INFRAUTILIZADA"

Tras detallar que la producción y explotación forestal constituye la primera actividad comercial de la finca, "con mucha incidencia del corcho junton al aprovechamiento de leñas, maderas y carbones vegetales", junto a la caza mayor, la ganadería y el turismo, IU advierte de que "el rendimiento actual de La Almoraima está muy por debajo de sus posibilidades potenciales, dada la importante extensión de la finca y la riqueza que alberga".

En su opinión, "este insuficiente aprovechamiento contrasta con la precaria situación socioeconómica que azota al municipio de Castellar y a la comarca del Campo de Gibraltar, en cotas de desempleo en torno al 35 por ciento" a pesar de que "la administración central y la propia dirección de la empresa han recibido peticiones concretas para tomar medidas de mejora que faciliten la creación de empleo, a través de proyectos presentados por el Ayuntamiento, y que tienen por objeto ofrecer oportunidades de trabajo a la población, siempre compatibles con la sostenibilidad y la riqueza medioambiental de la finca y su entorno".

En la misma línea, IU lamenta no haber obtenido respuesta a las "reiteradas peticiones de planes de inversión específicos para la finca, mediante mayores dotaciones presupuestarias solicitadas cada año vía enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por el Grupo Parlamentario Federal de IU" ni tampoco a las "gestiones realizadas personalmente por el alcalde o a las movilizaciones ciudadanas pidiendo soluciones".