Este jueves ha tenido lugar en las puertas del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción una concentración y posterior lectura de un manifiesto contra la Ley de Sostenibilidad de la Administración Local.
Junto a la alcaldesa y a una nutrida representación del equipo municipal de gobierno han estado los diputados Gaspar Zarrías, adscrito a la comisión de Hacienda y Administraciones Públicas y secretario de Ciudad y Política Municipal del PSOE, y Juan Moscoso, vocal de la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. También Francisco Conejo, secretario de Política Institucional del PSOE de Andalucía, e Irene García, secretaria general del PSOE de Cádiz y portavoz de su grupo en la Diputación Provincial. De igual manera ham participado IU, representantes del movimiento vecinal y sindicatos.
En el manifiesto, leído por la alcaldesa, se indica lo siguiente:
"Hoy, 12 del 12 a las 12, distintos colectivos sociales, plataformas, sindicatos y grupos políticos nos hemos unido para poner de manifiesto nuestro más enérgico rechazo al proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que quiere aprobar el gobierno del PP.
El PP ejercerá su mayoría absoluta, una vez más, desoyendo a una gran multitud de voces sociales que se oponen a esta reforma de la administración local, una medida que incluso provoca división entre sus filas.
Son muchos alcaldes y alcaldesas que coinciden en que esta reforma local será perjudicial para sus municipios, y aunque ahora no se les oiga por mandato de Génova, muchos de estos gobiernos municipales y autonómicos son del PP.
Y los colectivos ciudadanos están igualmente al frente, por el daño que provocará esta reforma a las personas, sobre todo, a las aquellas en situación más vulnerable.
La reforma de la administración local supondrá un recorte de servicios a la ciudadanía, además de alejarla de la realidad política de sus territorios. Estas serán las consecuencias de la centralización de las competencias en otras administraciones.
Según el gobierno del señor Rajoy, esta reforma y su planteamiento obedece a la racionalización de la estructura del estado, cuyo fin es el ahorro de 8.000 millones de euros, con la eliminación de las competencias a los municipios.
No será un ahorro, será un nuevo recorte del PP, siendo uno de los más drásticos que va a realizar este gobierno durante su mandato, y que pronto sufrirán los vecinos y vecinas de los pueblos.
La reforma local desprotege a la ciudadanía de los municipios pequeños, siendo los más perjudicados aquellos que no cuentan con una población mayor de 20.000 habitantes, desmantelando el sistema que les permite dar cohesión social en su territorio y ofrecer calidad de vida a sus vecinos y vecinas.
Esta reforma suprimirá los servicios sociales de los municipios, dando estas competencias a las comunidades autónomas, las cuales no tienen capacidad económica para asumirlas, primero, debido a la falta de financiación; y segundo, a la necesidad del cumplimiento del déficit que impone el propio gobierno.
Esto significa que la asistencia que ofrece los ayuntamientos quedará sin cubrirse, lo que se traduce en dejar en desamparo a muchas personas: familias en riesgo de exclusión, mayores con necesidad de atención o niños y niñas con necesidades especiales.
Los servicios sociales son necesarios para proteger a muchas personas, pero en este contexto económico-social de crisis, paro, angustia, desconcierto… los servicios sociales se vuelven imprescindibles y urgentes.
La reforma local ataca a la igualdad, quitando las políticas municipales en esta materia, cerrando puntos de apoyo a las mujeres como son los Centros de Información a la Mujer, lugares que sirven para fomentar la igualdad de oportunidades, la defensa de los de la mujer y además, son la puerta para la esperanza para muchas mujeres víctimas de violencia machista.
La reforma local no cree en la juventud, suprimiendo esta competencia a los ayuntamientos. Un municipio necesita crecer, contar con una población joven, dinámica y activa. Pero, el PP no quiere que los jóvenes permanezcan en sus localidades.
Esta reforma nos llevará a volver a crear brechas sociales, provocando más desigualdad entre los territorios. El PP considera a los habitantes de los pueblos, ciudadanos y ciudadanas de segunda, por eso no le importa quitarles y alejarles de sus derechos.
Todo esto tiene un objetivo implícito, que no dice el gobierno del PP, que supondrá el favorecimiento de los intereses de los grandes capitales económicos, que verán como los servicios públicos se convertirán en negocio tras privatizarlos.
Un hecho que limitará la igualdad de oportunidades y el cierre de las puertas de estos servicios a muchas personas que no tengan capacidad para pagar su coste. Y asimismo, se pondrá en riesgo 200.000 puestos de trabajos, 40.000 de ellos en Andalucía.
Todo esto pasará a partir de enero de 2014, cuando el trámite de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se complete tras pasar el próximo lunes 16 de diciembre por el Senado y probablemente por el congreso el 19 de diciembre.
La ciudadanía debe saber que está pasando. No podemos quedarnos en las casas, pues, como hemos visto, el PP en contra de todo el mundo, sin nadie que apruebe sus medidas, sacan adelante leyes que perjudicaran a esta sociedad.
El PP aprovecha el desconcierto ante la situación de crisis para hablar por la ciudadanía y esta debe de hablar por sí misma. El PP no puede aprovecharse y decir que la mayoría silenciosa es la que vale, por ello, debemos salir, alzar nuestra voz.
Ya basta con la falta de sensibilidad de este gobierno que ahoga a los que menos tienen para dárselo a los que más tienen.
Por todo ello, no a la reforma de la administración local".
