La Plataforma de Despedidos del Ayuntamiento de Los Barrios ha puesto en conocimiento de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la situación en la que se encuentran los trabajadores cuyas plazas fueron amortizadas por el equipo de gobierno de PA y PP en febrero de 2012.
El colectivo ha aprovechado la visita de la presidenta de la Junta a la factoría de Acerinox que ha tenido lugar esta mañana. Los ex trabajadores municipales han podido hacer llegar a Susana Díaz una carta en la que le refieren todo lo relacionado con la amortización de sus plazas y en qué estado se encuentra actualmente el proceso judicial que se inició como consecuencia de los mismos.
También le explican que fueron despedidos sin indemnización, después de años –más de veinte en algunos casos– prestando servicios a la institución municipal, y “a pesar de ser indefinidos no fijos, estar reconocidos como tales y encontrarse su situación contractual en fraude de ley”.
La plataforma le detalla a la presidenta en su carta que los despidos fueron declarados nulos en primera instancia por el Juzgado de lo Social Único de Algeciras en septiembre y octubre de 2012, por tratarse de un despido colectivo encubierto e ilegal, no estar debidamente justificado –falta de una RPT– y por ser considerado discriminatorio, y que, no obstante, están siendo dados por bueno por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
“A partir de una sentencia del Supremo de julio de 2013 –especifican los despedidos–que, sorprendentemente, rompe con el criterio jurisprudencial mantenido por este alto tribunal hasta la fecha, sin que haya habido ningún cambio legislativo, y considera ahora a los trabajadores indefinidos no fijos de las administraciones en situación de fraude de ley como eventuales, independientemente del tiempo trabajado”.
Los ex empleados municipales consideran que la vía adoptada por el TSJA abre la puerta a futuros despidos masivos de trabajadores que se encuentren en una situación similar a la suya, sin coste para las administraciones locales.
También señalan que el criterio adoptado por la Sala de lo Social del alto tribunal andaluz, siguiendo la línea marcada por el TS en julio de 2013, “en lugar de penalizar incentiva que el  fraude de ley en las contrataciones pueda seguir cometiéndose impunemente y contraviene la legislación europea promovida desde Bruselas precisamente para incrementar la estabilidad en el empleo”.
Los despedidos se concentraron a la entrada de las instalaciones de la siderometalúrgica portando pancartas contra el alcalde de Los Barrios y contra su equipo de gobierno, así como contra andalucistas y populares.