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La Junta licitará el nuevo contrato con el centro de día de menores infractores de La Línea

Los centros de día de menores infractores de Cádiz potencian la formación laboral para facilitar que encuentren trabajo. La Consejería de Justicia e Interior destina cerca de 3 millones a licitar unos dispositivos que están propiciando la reinserción de estos jóvenes

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La Consejería de Justicia e Interior va a potenciar la formación laboral de los menores y jóvenes infractores en los centros de día de menores infractores de Cádiz donde cumplen medidas por orden judicial, con el objetivo fundamental de favorecer su posterior empleabilidad en el mercado de trabajo.

El objetivo fundamental de estos centros es crear un nuevo modelo de trabajo, en el que se pretende dar prioridad al desarrollo de actividades formativas, educativas y laborales, con una especial atención a la búsqueda activa de empleo y a la formación para el trabajo, así como a la mejora de la empleabilidad de la población menor infractora en Andalucía.

Para ello, la Junta va a destinar cerca de 3 millones de euros a la reeducación de menores infractores en centros de día en todas las provincias andaluzas, una medida judicial cuyo cumplimiento está obteniendo en los últimos años altos niveles de resocialización y reinserción de estos jóvenes.

El departamento que dirige en funciones Emilio de Llera ha sacado a licitación la renovación de los nuevos contratos de estos centros con un plazo de ejecución de cuatro años, según la resolución publicada en el BOJA para el despliegue de estos dispositivos que garantizan la ejecución de estas medidas judiciales en medio abierto. En la citada resolución se establece la licitación de estos recursos en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, a los que se suman los de las provincias de Córdoba y Granada que ya se pusieron en marcha el pasado mes de enero.

La Línea

En el caso de Cádiz, se va a licitar el nuevo contrato con el centro de día de menores infractores ubicado en la localidad de La Línea de la Concepción. La provincia cuenta con otro centro en la localidad de El Puerto de Santa María, aunque en este caso el contrato ya se licitó el año pasado.

Los centros de día se configuran como un espacio para la ejecución de este tipo de  medidas judiciales, así como para la realización de actividades complementarias contempladas en otras medidas decretadas por los jueces para su cumplimiento en medio abierto.

Nuevo modelo de gestión

El Gobierno andaluz está potenciando un nuevo modelo de gestión de los servicios de reinserción de menores infractores en medio abierto, ya que la mayoría de las resoluciones adoptadas por los jueces van destinadas a la ejecución de este tipo de medidas mucho más efectivas y reeducadoras.

Junto a este recurso de asistencia a centro de día por parte de los menores, la Administración autonómica ya puso en marcha también los servicios integrales que coordinan en cada provincia las medidas judiciales que no se ejecutan en centros de internamiento. Todos los recursos desarrollados y coordinados por la Consejería de Justicia e Interior están cada vez más orientados a la intervención individual y a la especialización de los profesionales, como es el caso de los trabajadores que prestan su servicio en los centros de día, lo que ha hecho posible que más de un 80% de estos menores logren reinsertarse con normalidad y no reincidan.

La gestión de la Junta en materia de Justicia Juvenil ha sido reconocida por el Consejo General del Poder Judicial (CGP), que le concedió el Premio a la Calidad de la Justicia por sus políticas y gestión en esta materia encaminadas a reeducar y reinsertar a menores infractores. En esta distinción se reconoce el esfuerzo de la Administración andaluza para hacer efectivo el cumplimiento de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor a través de los centros y servicios encargados de su aplicación.

La Consejería de Justicia e Interior dispone este año de un presupuesto de 77,5 millones de euros para garantizar e implementar las medidas de reinserción de la población menor infractora en la comunidad andaluza.

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