Santiago Gutiérrez, candidato al Congreso de Unidos Podemos, ha resaltado la necesidad de modificaciones tanto de la ley de Aguas de Andalucía como en la implementación de la política hidráulica estatal, habida cuenta de la pésima gestión que se viene llevando a cabo en esta materia, y que ha llevado a la mercantilización del servicio, a adjudicaciones fraudulentas de obras relacionadas con la misma y a un progresivo encarecimiento en el acceso al agua para las familias.
El candidato de Unidos Podemos ha sostenido que las investigaciones llevadas a cabo por la guardia civil a raíz de las concesiones irregulares de obras efectuadas por Acuamed han tenido una consecuencia directa en el Campo de Gibraltar, donde un paquete de inversiones valorado en más de cien millones de euros de financiación europea están siendo investigados por la Oficina Europea contra el fraude, poniendo en riesgo la construcción de depuradoras, colectores y otras mejoras imprescindibles para que la comarca cuente con el ciclo integral del agua. En este sentido, Algeciras tiene en ejecución la imprescindible obra de sus colectores, que pudieran haber sido adjudicadas en baja temeraria, lo que supondría un riesgo cierto de la efectividad y seguridad futura de la referida infraestructura, sin la que la ciudad seguiría amenazada de padecer inundaciones como las sufridas en 2011.
“Con independencia del recorrido judicial de las investigaciones en curso, lo sucedido en Algeciras ejemplifica un modelo fracasado de gestión del agua, en el que la nula planificación y el servilismo político ante las multinacionales que controlan el mercado hídrico estatal, hace que estas empresas obtengan beneficios indecentes con una gestión opaca y negligente en la que los responsables políticos les dejan operar en la más absoluta impunidad, desatendiendo su obligación de defender el interés general y las necesidades básicas del pueblo de cuyos bolsillos se paga a precio de oro un servicio de muy mala calidad”, sostenía el candidato.
Santiago Gutiérrez, responsable del modelo de gestión de aguas del municipio de Medida que le ha valido al consistorio una mención especial de Naciones Unidas y uno de los mayores especialistas en esta cuestión de nuestra comunidad autónoma, considera imprescindible introducir criterios de eficacia técnica, eficiencia y control público democrático en la política de agua: “Hablamos de un recurso finito e imprescindible para la vida, una garantía de sostenibilidad y regeneración de nuestros ecosistemas que está siendo gestionado desde la lógica empresarial, donde la búsqueda de beneficios privados ha pervertido el carácter de derecho humano del agua dificultando su acceso equitativo a las personas. La utilización indebida de los cánones concesionales ha llevado a la ciudadanía a asumir costes en la facturación que nada tienen que ver con las mejoras necesarias en la red, en el control de fugas y vertidos o en la erradicación de la sobreexplotación de los acuíferos, algo que está degradando las condiciones ambientales y precipitando la desaparición de los acuíferos o su contaminación.
El candidato de IU en la candidatura de Unidos Podemos resalta la urgente necesidad de equiparar la política estatal de agua a los estándares europeos, donde las mayores aglomeraciones urbanas ya han remunicipalizado el servicio de aguas obteniendo beneficios sociales y económicos con los que se están modernizando las redes de abastecimiento y depuración: “Se trata de cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales, del Defensor del Pueblo y con la propia Constitución de nuestro país. La pobreza hídrica debe ser combatida con medidas legales, y las empresas que se ha lucrado con la construcción de infraestructuras deficientes deben ser sancionadas de manera ejemplar, así como los políticos que lo han consentido a sabiendas del daño que ocasionaban autorizando obras de mala calidad, con sobrecostes injustificables y con el ánimo de dar respuesta electoralista a demandas ciudadanas que siguen sin ser satisfechas. Desde Unidos Podemos ofrecemos un modelo de gestión del agua que erradique esos problemas, con control público de la inversión y de los costes, y con garantía plena de que el ciclo integral del agua se culminará sin fraudes ni trapicheos”.
