La Fiscalía General del Estado refleja en su memoria anual información reportada por los Fiscales Delegados de Extranjería tras sus trece visitas en 2018 a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) constatando sobresaturación e instalaciones deficientes en centros como los de Murcia, Algeciras (Cádiz) o Madrid.
La institución que dirige María José Segarra explica que, en la actualidad, en España existen siete CIE, unas instalaciones policiales de carácter no penitenciario para poder ejecutar la expulsión del territorio: el de Algeciras, "solo en funcionamiento muy limitado por su situación precaria"; el de Barcelona; Las Palmas, cerrado desde el mes de agosto de 2018 para su remodelación; Madrid; Murcia; Tenerife; y Valencia.
Así, de la información recibida por parte de los Fiscales Delegados de Extranjería, el Ministerio Fiscal señala como relevantes algunos datos sobre los distintos Centros de Internamiento de Extranjeros en funcionamiento en España.
En relación con el CIE de Madrid-Aluche, en opinión de la fiscal delegada de Madrid, "la infraestructura y dotación del centro no son las idóneas para acoger a un número tan importante de personas, siendo necesaria la construcción de un nuevo centro de mayores dimensiones, compuesto de instalaciones amplías adecuadas a las necesidades de los internos, para garantizar adecuadamente sus derechos y bienestar".
No obstante, la Fiscalía cree que "en términos generales" las instalaciones del CIE de Madrid-Aluche "presentan un correcto estado" de conservación y limpieza, si bien alerta de "un deterioro progresivo" del centro "derivado del uso y la constante afluencia de personas". Este martes diez internos protagonizaron una fuga desde una ventana descolgándose por varias sábanas atadas entre sí y la Policía Nacional, que custodia las instalaciones, logró detener a tres de los fugados poco después.
Respecto al CIE de Barcelona, según informa el fiscal delegado, en 2018 se ha producido la mejora de tres aspectos "fundamentales". En este sentido, destaca la ampliación del personal del servicio médico y de su horario de atención, el funcionamiento del servicio de interpretación y la estandarización de la remisión por correo electrónico de los partes de lesiones al Juzgado de Guardia por parte del servicio médico.
Sin embargo, el Ministerio Público apunta en su memoria anual que "se encuentra pendiente alguna reforma puntual" de mejora en instalaciones de zonas comunes, especialmente las destinadas a la clínica; y las condiciones de las habitaciones del CIE de Barcelona.
Barranco Seco, el centro ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, quedó cerrado para su renovación en agosto de 2018. En este caso, la Fiscalía explica que en la única visita que se hizo se comprobó que "contaba con deficiencias estructurales, que no habían sido corregidas, pero que lo serían tras su renovación".
Asimismo, critica que en 2017 se contrató a un asistente social y en 2018, tras la extinción de su contrato, no se renovó dicha figura, "volviéndose a incumplir lo que dispone el art. 30 del RD 162/2014", que indica que, en el plazo más breve posible, el nuevo interno será entrevistado por el servicio de asistencia social.
Deficiencias en el derecho a la asistencia letrada
Respecto al cumplimiento de derechos de los internos en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, el Ministerio Público asegura que se evidencia "una deficiencia en el derecho a la asistencia letrada de los internos", tal y como ya expuso en las memorias de años anteriores, y concretamente desde el año 2015.
Sobre el CIE de Tenerife (Hoya Fría), la Fiscalía asegura que, pese a que el año 2018 ha presentado "un elevado nivel de ocupación, no se han detectado problemas de especial gravedad" y especifica que a la fiscal delegada le preocupa que "siguen detectándose problemas en la comunicación con los letrados asignados en los expedientes de internamiento o expulsión", aunque parece que se han producido "avances" en este sentido a través del Colegio de Abogados; y "el problema de la seguridad", a su juicio, "debido a la insuficiencia del personal de seguridad".
Por otra parte, la memoria anual de la Fiscalía General del Estado explica que el CIE de Algeciras mantiene "una ocupación escasa" --inferior a 30 internos-- debido al cierre de patios y habitaciones "a causa de su mal estado". Además, refleja que "persisten idénticas deficiencias" que en años anteriores, "solo paliadas por las inversiones de mantenimiento, por el trabajo de los funcionarios policiales allí destinados y por las diversas ONG que allí realizan su labor".
En el CIE de Murcia, llegada masiva de pateras a sus costas en noviembre provocó "algunas disfunciones en el orden sanitario producidas fundamentalmente por el ingreso de internos un mal estado de salud, para los que el centro no puede arbitrar una correcta solución, teniendo que ser ingresados en varias ocasiones en el hospital, y muchas veces puestos en libertad por razones humanitarias".
En este caso, la Fiscalía Delegada alerta de "deficiencias y carencias graves" como son la "tardanza" en el acceso de intérpretes cualificados; ausencia de un Convenio con el Colegio de Abogados que garantice una efectiva asistencia letrada permanente de los internos; sobresaturación, toda vez que ha llegado a estar ocupado por 117 cuando la capacidad y servicios de que dispone son adecuados para 90 personas; deficiencias de personal y de material.
Finalmente, la Fiscalía General del Estado refleja en su memoria anual que durante el año 2018 los fiscales han emitido un total de 6.337 informes sobre internamiento cautelar de extranjeros tras incoarse el expediente de expulsión. Fueron 263 más que el año anterior, siendo 5.580 favorables y 757 desfavorables a la adopción de la medida cautelar.
