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Gobierno: Prohibir manifestaciones en La Línea es anticonstitucional

La Subdelegación en Cádiz aclara, ante las críticas de colectivos policiales, que no comparte el fondode las movilizaciones, pero que no se pueden prohibir

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  • Protesta en La Línea por la muerte de Morodo. -

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha informado este domingo de que las movilizaciones convocadas desde hoy en La Línea de la Concepción contra el "maltrato" policial han sido autorizadas porque así lo marca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pese a que no comparte el fondo" de la misma.

Así ha respondido a las críticas vertidas desde colectivos policiales por la manifestación convocada este domingo en La Línea contra las fuerzas de seguridad, a consecuencia de la muerte del presunto contrabandista Alfredo Morodo el pasado 1 de octubre tras un incidente con una patrullera de Aduanas de Gibraltar.

Ante las críticas dirigidas de manera directa a la Subdelegación, desde este órgano señalan que "no entra en los motivos alegados" y que "sorprende" que SUP (Sindicato Unificado de Policía) y AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) "lo desconozcan".

Las manifestacionesconforme a la "reiterada jurisprudencia" del Tribunal Constitucional, "están siempre autorizadas", ha agregado.

Lo que puede hacer la autoridad administrativa es prohibirla "en caso de que existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes, como indica el artículo 21.2 de la Constitución", ha añadido.

Desde la Subdelegación han aclarado que "ni autorizan ni apoyan reuniones ni manifestaciones, únicamente pueden prohibirlas en determinados casos".

Sin embargo, han indicado que "es evidente que existen muchas ocasiones en que las autoridades gubernativas no comparten el fondo" de las mismas y que "así ocurre en el caso indicado por SUP y AUGC".

En este caso, indica la Subdelegación, "no sólo no se comparte, sino que se rechaza, reconociendo y alabando el compromiso, la profesionalidad y buen hacer de Policía Nacional y Guardia Civil".

Pese a ello, han alegado que "el desacuerdo con el motivo alegado en la comunicación de una reunión no faculta a la autoridad a su prohibición".

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