Sito Miñanco niega ante la juez haberse dedicado al narcotráfico en su etapa en Algeciras

El narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, ha negado este martes los hechos por los que la juez María Tardón le ha procesado como líder de una organización relacionada con dos operaciones para la introducción de 4 toneladas de cocaína en España cuando se encontraba en semilibertad.

En una comparecencia por videoconferencia desde prisión, Miñanco ha mostrado a la magistrada de la Audiencia Nacional su disconformidad con el auto de procesamiento que dictó recientemente contra él y otros 46 investigados, entre ellos el que fuera su abogado, Gonzalo Boye, al que considera responsable de un delito de blanqueo en relación con estos hechos.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, tanto él como el resto de los procesados citados este martes para comunicarles personalmente el auto de procesamiento han manifestado sus discrepancias con los hechos que se les atribuye por parte de la Policía.

Tardón mantuvo estas citaciones después de que Boye, abogado de Carles de Puigdemont y Quim Torra, pidiera aplazar su propia declaración indagatoria -prevista para ayer- con el argumento de que los abogados designados para su defensa habían contraído covid, y que por extensión se suspendieran las demás para que no hubiera indefensión.

La juez finalmente optó por citarle de nuevo para el próximo 18 de enero, pero rechazó aplazar el resto de citaciones al considerar podía designar un nuevo abogado para que asista a estas comparecencias o bien podían seguirlas por videoconferencia.

De este modo, el juzgado mantuvo la citación para este martes de Miñanco y dos presuntos integrantes de su organización: Juan Antonio Fernández y Raymond Van Rij; mientras que el próximo 7 de enero será el turno de otros cuatro procesados, entre ellos, David Pérez Lago, hijastro de Laureano Oubiña, otro histórico narcotraficante gallego.

La investigación de estos hechos se remonta a 2016, cuando Sito Miñanco cumplía una condena de 16 años de prisión en Algeciras por un delito contra la salud pública y disfrutaba del tercer grado, lo que le permitía tener un trabajo.

Sin embargo, su actividad seguía siendo, según el auto, la introducción y distribución de droga en el país y mantenía tanto el contacto con suministradores de Sudamérica como la infraestructura, "un bien nutrido grupo de individuos", con experiencia y dispuestos a participar en estas operaciones, "ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad".

Él era, de acuerdo con la tesis de la magistrada, quien dirigía el entramado criminal, con gente de su máxima confianza como Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández, también condenados por narcotráfico.

La investigación permitió identificar dos operaciones con las que pretendían introducir enormes cantidades de cocaína en España: la intervención del buque Thoran, abordado en 2017 con 3,3 toneladas de cocaína y la aprehensión, en noviembre de ese año, de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba otros 615 kilos.

Pero aparte de éstas, según la jueza, Prado Bugallo mantuvo la planificación y ejecución constante de otras operaciones de introducción, distribución y venta de droga hasta que fue detenido.