El Partido Popular, a través de su portavoz, Andrés Núñez, ha abordado hoy en rueda de prensa “la propuesta del Gobierno de PSOE y Ganemos que fue justo hace un mes a pleno y que pretende el rescate parcial del edificio de la Plaza Mayor. Un negocio que olía a podrido, algo en lo que nos apoyaba el resto de la oposición municipal”.
Núñez afirma que “no entendemos que una empresa que llevaba años sin poner en marcha el edificio y sin pagar el canon que le correspondía, debiendo 600.000 euros por ese concepto y otros 400.000 euros por obras no ejecutadas, recibiera además medio millón de euros por parte del Gobierno municipal de PSOE y Ganemos”.
Tras profundizar en el expediente administrativo, el presidente del PP de Chiclana subraya que “para poder llevar a cabo el rescate hay una cuestión que es fundamental y sobre la que gira el expediente, y es el interés público. Como dicen los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento, éste tiene que estar acreditado y justificado. No basta con una mera alusión, por lo que no se cumplen los requisitos legales”.
El edil popular resalta que “además, en la propuesta del PSOE se decía que todo se justificaba y materializaba con el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas al edificio. Pero ese traslado, y así lo dijimos en su momento, no es una realidad, porque no depende del Ayuntamiento, sino de la Junta de Andalucía, que en ningún momento ha manifestado la conformidad con el mismo. Tiene que existir un convenio administrativo para que se acredite el interés público, y eso no se cumple en el expediente”.
En segundo lugar, el Partido Popular considera débil el argumento de que “se usa para decir que el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas va a suponer un revulsivo económico en la zona. Es un argumento, además de que debe estar acreditado y justificado, que tampoco se ha acreditado con un estudio de mercado que certifique que los usuarios de estas dependencias, estudiantes de los que se desconoce sus hábitos de consumo, van a revitalizar la actividad económica en le centro”.
Sobre este aspecto, Núñez añade que “lo único que se va a revitalizar, en todo caso, es el parking, del que es titular una empresa privada, la misma que es dueña del edificio. Así, a pesar de que debe un millón de euros, se le pagan 500.000 euros y le aportamos unas instalaciones con dinero público para que le llenen el parking, un negocio redondo”.
Asimismo, para determinar la cantidad que se tendría que pagar a la empresa como indemnización para comprar parte del edificio hay que tener clara la cantidad que debe al Ayuntamiento, y ésta no se determina en el expediente. Porque no es lo mismo que este traslado sea gratis para los chiclaneros a que nos cueste 1,5 millones de euros. Se ha aprobado un punto en el pleno sin fijar de manera definitiva dicha cantidad y hay que tener presente que hay varios procedimientos judiciales vivos aún, relativos al canon que lleva sin pagar desde el inicio de la concesión”.
Por último, lo que más llama la atención para el Partido Popular “es que la ley determina que en caso de interés público, que repetimos no se justifica ni acredita, el Ayuntamiento tendrá que indemnizar a la empresa concesionaria, en este caso la dueña del edificio, por los perjuicios que le puede ocasionar el perder la concesión inicial”.
En esta línea, Andrés Núñez incide en que “la ley determina, y así viene en el informe jurídico, que se hará atendiendo a los resultados de la explotación en el último quinquenio, y subraya, en negrita, cuando resultare posible. Es decir, que para valorar la indemnización hay que ver los resultados de explotación de los últimos cinco años, pero hay que tener en cuenta que el edificio ha estado cerrado en esos cinco años”.
En este contexto, manifiesta el Partido Popular, “el resultado es que el Ayuntamiento de Chiclana va a pagar más de medio millón de euros a una empresa que además debe un millón de euros a todos los chiclaneros”.
En base a suposiciones
Andrés Núñez reitera que “es digno de mención que en el expediente todo se hace en base a suposiciones, desde el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas al aumento del consumo en la zona por parte de estudiantes, así como que la cantidad con la que debe indemnizar el Ayuntamiento a la empresa supera el medio millón de euros, con lo que no se justifica ni acredita como corresponde el interés público”.
A partir de ahora, Núñez considera que “dadas las urgencias que tiene el Gobierno municipal para aprobar este asunto irá a pleno. Pero el tema hace aguas por todos lados, no hay claridad ni limpieza. Hace falta absoluta transparencia y que los asuntos del Ayuntamiento se lleven a cabo con absoluta claridad. No vamos a permitir que un mal proyecto de José María Román sea utilizado para presentarse como salvador de una zona que él mismo daño generando otro problema”.
