El Partido Popular pide al Gobierno local de PSOE e IU que revise el proceso de estabilización municipal para que éste se ajuste a los criterios que han sido desarrollados tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como del propio ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, en defensa de la reducción de las tasas de interinidad.
Guillermo Utrera, concejal del PP, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha solicitado al alcalde, José María Román, y al delegado de Personal, José Vera, que “se sienten a dialogar con los sindicatos y cumpla con el mandato de la justicia para respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad”, tanto en el proceso de estabilización del empleo respecto de la oferta pública como del proceso de estabilización del empleo relativo a las comisiones de servicio, cuyo fraude de ley ha sido puesto de manifiesto por la Justicia.
Utrera responsabiliza al regidor chiclanero y al delegado de Personal del Ayuntamiento de “la guerra abierta con los sindicatos y la justicia. Hablamos de una guerra que viene de hace años y ahora está teniendo respuesta en los tribunales, con sentencias desestimatorias para los intereses del Ayuntamiento, pues se da la razón a los sindicatos en ese cruce de acusaciones”.
En concreto, “aunque hay diferentes frentes abiertos”, respecto al asunto de las comisiones de servicio, Utrera se ha referido “a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz que dictamina que el Ayuntamiento debe regularizar los 20 puestos de trabajos que han sido estabilizados en comisión de servicios, que es sin duda un medio legítimo de proveer puestos de trabajo pero de una forma temporal, urgente y extraordinaria, para como máximo un año y prorrogable por otro más”.
Esto ha desembocado en que “actualmente tenemos a 20 funcionarios que no deberían ocupar ese puesto en concreto de responsabilidad asumido en comisión de servicio más allá del tiempo marcado legalmente, pero sin embargo hay algunos que llevan incluso lustros ocupando dichos cargos”.
Sobre el asunto, dice que “tras hablar con todos los agentes implicados y escuchar al delegado de Personal, las palabras del delegado, por tanto, nos parecen decepcionantes. Vera acusa a los sindicatos de mentir, faltar a la verdad y emitir información sesgada”.
Pero la situación para el Partido Popular es la contraria. “Nosotros creemos que han actuado de forma honesta, pidiendo transparencia y la justicia les ha dado la razón, así que lo que toca ahora es redactar unas bases del concurso de mérito que sean ajustadas a los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que es lo que dictamina la Justicia. En este aspecto, observaremos muy de cerca la evolución en la redacción de dichas bases y solicitamos diálogo con los sindicatos para que éstas sean consensuadas”, afirmando además que “no sería permisible que, entre otros méritos, se valorasen todos aquellos años que esas personas han ostentado su cargo en comisión de servicio más allá de lo legalmente establecido. Si bien es cierto que a estas personas se les debe puntuar los dos años máximo en comisión de servicios, no así los ejercicios que han estado de más, porque así se pasaría de un proceso transparente a convertirse prácticamente en un proceso de libre designación, dado que no se podría competir en igualdad de condiciones por parte de otros funcionarios aspirantes a esas mismas plazas”.
Respecto a la oferta pública de empleo, tanto el TJUE como el Gobierno de España han afirmado que “lo que procede en algunos sectores de la Administración Pública es el procedimiento de concurso/oposición para reducir las tasas de interinidad y la negociación de las bases de este proceso también carece de diálogo y consenso con todas las fuerzas sindicales del Consistorio”.
