Esta sentencia supone un “mazazo” para la plantilla, según indicaron ayer el presidente del comité de empresa, Manuel Rivero, y el secretario de la sección estatal de UGT en Fertiberia, Gregorio Falero, que destacaron que se trata de “una sinrazón que puede echar por tierra los acuerdos alcanzados para diversificar la actividad y mantener 120 puestos de trabajo después de 2012”.
En este sentido, Falero subrayó que la sentencia “no tiene ningún beneficio medioambiental, porque pone en dificultades a la empresa y si no puede pagar la restauración, la justicia puede meter a alguien en la cárcel, pero las balsas seguirían ahí”. Así, hoy mismo, los trabajadores se reunirán con la empresa, que tiene hasta el día 29 para alegar.
Por su parte, el PSOE onubense criticó ayer que la sentencia introduce “un elemento de presión innecesaria en el proceso acordado por todas las partes para el cese ordenado de los vertidos”, mientras Izquierda Unida aseguró que la sentencia “atiende al interés general y no al particular”.
