La FAMP pide al Ejecutivo que se mantengan los jueces de paz

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha mostrado este lunes su desacuerdo con la reforma legislativa aprobada por el Gobierno de la nación que deja "en el aire" la continuidad de la figura de los jueces de paz.

"Los jueces de paz prestan un servicio público muy importante en los municipios más pequeños", ha subrayado en un comunicado el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, que ha agregado que no parece "muy razonable" aprobar planes para combatir la despoblación y, a su vez, legislar para "seguir recortando los servicios públicos precisamente en los municipios más pequeños".

Según la FAMP, la supresión de este servicio público podría suponer un "fuerte varapalo" para pueblos que recientemente han perdido oficinas bancarias, cajeros automáticos y otros servicios similares.

Ha recordado que los juzgados de paz realizan numerosos trámites, como la inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios, certificados de vida, expedición de libros de familia, capitulaciones, cambios de apellido o expedientes de nacionalidad.

Por ello, ha solicitado al Gobierno que "se replantee la reforma legislativa en tramitación de forma que se mantenga la figura de los jueces de paz, que lleva implantada casi doscientos años en aquellas localidades más pequeñas que no cuentan con juzgado de primera instancia ni de instrucción".

El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno puede afectar de forma notable en Andalucía, donde la gran mayoría de municipios tienen menos de 7.000 habitantes.

Para Villalobos, la posible eliminación de los jueces de paz "no está justificada desde el punto de vista de la eficacia ni puede responder a una cuestión de ahorro económico, ya que las asignaciones que perciben los jueces de paz no alcanzan los 4.000 euros anuales".

"Todas las Administraciones debemos contribuir a que los pueblos menores de Andalucía reviertan la situación que vienen padeciendo en los últimos años, en los que se están perdiendo servicios tanto públicos como privados, obligando a la población a desplazarse para trámites sencillos pero muy importantes a varios kilómetros de distancia", ha recalcado.