Hasta el momento se han recuperado 195 cadáveres tras las diversas avalanchas ocurridas por el temporal de esta semana y el gobernador regional, Sergio Cabral, constató ayer que los equipos de rescate buscan cerca de 150 desaparecidos en la favela Morro do Bumba, en Niteroi, ciudad vecina a Río de Janeiro.
“Son de 100 a 150 cuerpos, según me dijeron los bomberos. Es una situación estremecedora”, dijo Cabral.
Mientras las excavadoras trabajan día y noche, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, anunció medidas tajantes para poner punto y final a estas recurrentes avalanchas de tierra que se cobran víctimas mortales en cada época de lluvias.
La Alcaldía publicó ayer un decreto en el que ordenó el desalojo obligatorio de todos los habitantes en áreas consideradas de riesgo, la mayoría de ellas barrios de tugurios levantados de forma irregular en las laderas de cerros escarpados, muy vulnerables a las avalanchas.
Después de una reunión con el gabinete de emergencia, Paes aseguró ayer que la Alcaldía ya ha elaborado un mapa que detalla las áreas de riesgo prioritarias, con una posibilidad “más intensa” de sufrir deslizamientos.
La semana que viene, las autoridades municipales discutirán la aplicación puntual de estas intervenciones que, en la práctica, van a suponer el desalojo de miles de personas en 33 barrios de toda la ciudad.
Paes avisó de que, en caso de que los vecinos se opongan a los desahucios, se va a ordenar a la Policía que “use la fuerza”, lo que supone un cambio radical con relación a la política aplicada en el trato a los barrios pobres.
En las últimas décadas, los diferentes gobiernos locales han optado por no remover las favelas y, en cambio, han ofrecido algunos servicios básicos a las poblaciones, lo que ha supuesto una legitimación de facto de las construcciones irregulares.
El pasado martes, el alcalde y el gobernador regional coincidieron en culpar a las administraciones anteriores por no tomar medidas para evitar los asentamientos en áreas peligrosas.
Al visitar el área más afectada en Niteroi, Cabral volvió a señalar ayer que “la culpa es de toda la sociedad”, puesto que en Río “los derechos humanos y el orden público se veían como contradictorios”.
“Esto fue una gran alerta. Una demostración de que es necesario tomar acciones para impedir las ocupaciones irregulares”, dijo el gobernador, en declaraciones recogidas por medios locales.
No obstante, este tipo de fenómenos no es nuevo y se repite en todo el litoral del sureste brasileño con mayor o menor magnitud cada temporada de lluvias.
El último trágico ejemplo ocurrió el pasado 1 enero, cuando dos aludes causaron la muerte a 53 personas en la vecina Angra dos Reis, 21 de ellos vecinos de una favela construida en la falda de un monte y el resto, turistas que pasaron el Año Nuevo en un hotel en una isla montañosa, ubicada en el municipio.
Las dimensiones de la nueva catástrofe son mucho mayores, lo que responde a que, entre el lunes y el martes, se registraron en Río las precipitaciones más abundantes en cuatro décadas.
Además de las 195 muertes confirmadas, el órgano regional de Defensa Civil informó de que se han atendido en los hospitales a 161 heridos y otras 31.500 personas han abandonado sus hogares.
