Sin moverse, aunque “les han movido y quitado hasta la carpa”, así llevan los 23 trabajadores de producción de la panificadora Butrón cien días ante las puertas de la empresa, reclamando “lo que nos pertenece”.
El 11 de noviembre, los ahora huelguistas, decidieron que era el momento de “actuar y no callar más”, explica el delegado sindical de CGT , José Mari Guerrero. Él es uno de los trabajadores que “fueron despedidos de forma improcedente, sin previo aviso, sin que hubiera sanción previa, sin haber hecho nada”, subraya el responsable de secretaría jurídica de CGT Cádiz, Paco Mena.
La cronología de este conflicto que se prolonga en el tiempo, sin embargo, comienza antes de ese 11 de noviembre. “Nosotros convocamos un Sercla previo a la huelga, en octubre, y la empresa no compareció porque no reconocía la legitimidad del sindicato. El segundo intento de negociación lo hicimos justo un día antes de empezar con la huelga, les mandamos un correo y les dijimos que necesitamos una reunión urgente, y ahí nos respondió el abogado de la panificadora negándolo”, explican Guerrero y Mena. El tercer intento llegó el 25 de noviembre. “Celebramos una reunión conciliadora y no hubo acuerdo. Ante la falta de recorrido, optamos por una puerta abierta, hablar con el Ayuntamiento”, detalla Mena. El 20 de diciembre la dirección de la empresa, el responsable de secretaría jurídica CGT Cádiz y el alcalde de la ciudad, José María Román, se reúnen, pero tampoco llegan a un acuerdo. “Les presentamos nuestras peticiones, que declarasen nulo los despidos, readmitiendo al delegado sindical y acordando un despido con la otra compañera, y que cumpliesen con los derechos básicos de los trabajadores, pagar las horas extras, las vacaciones, entre otras. Tampoco”, explica Paco Mena.
Los días continúan pasando, y los 23 trabajadores -25 al principio, dos de ellos decidieron volver a la panificadora-, siguen sin vislumbrar una solución. “La empresa llega hasta admitir una negociación siempre y cuando entre las demandas no estuviera la readmisión de José Mari. Les propusimos que mediase un juez arbitral y que hiciera un laudo laboral para que tratase los puntos más conflictivos, y nada. Sin duda, el fondo del asunto no es un conflicto laboral, que también, tal y como se viene demostrando y como han reconocido con alguno de los puntos, no todos, pero lo que pasa es que se trata de un conflicto sindical, ellos no reconocen la figura de José Mari porque afirman que ya hay un comité de empresa establecido”, subraya Mena, quien añade que ese comité “está constituido sin que se hayan celebrado elecciones. Nos consta que los trabajadores no sabían que había un proceso electoral ni quiénes iban a ser los candidatos, que finalmente eran familiares del propietario. Ellos aseguran que ese comité es legal porque está registrado en el Sercla, pero eso no quiere decir que sea legítimo”.
El conflicto de Butrón es “un problema laboral apuntalado como sindical”, expone Mena.
Los huelguistas aseguran que desde la empresa se actúa con “el miedo”, “siempre dicen cualquier día de esto echamos el cerrojazo, para que los trabajadores no se quejen”. Denuncian “cambios de empresa (la misma, con distinto nombre) sin previo aviso, para no pagar antigüedad, fines de semana sin cobrar ni la nocturnidad ni las horas extras”.
Tanto José Mari como Paco Mena coinciden en que “al propietario le da igual tirar por tierra el nombre de la empresa porque no lleva su apellido”, algo que José Mari matiza con un “siento que otras empresas ajenas a la panificadora que tienen el mismo apellido se vean perjudicadas, nunca ha sido nuestra intención”. El calendario de movilizaciones previsto es extenso, “no vamos a parar hasta conseguir lo que es justo, haremos una campaña de boicot a los productos de la empresa”, asegura Guerrero. De momento, encuentran el apoyo entre algunos políticos y vecinos.
