En torno a unas 2.000 personas han secundado en Cádiz la convocatoria a nivel estatal, con manifestaciones en más de 40 ciudades, para reivindicar que “la especulación inmobiliaria, el negocio de la vivienda y la turistificación son incompatibles con una ciudad habitable”.
Maribel Hernández, portavoz de Cádiz Resiste, apuntó antes del inicio de la marcha en la plaza de San Antonio, “está en riesgo el futuro” de la capital gaditana “por la pérdida progresiva de más de 1.000 habitantes por año”.
Esto se debe, en su opinión, a causa de los “grandes tenedores, fondos buitres y pequeños rentistas que negocian con el trabajo de las personas, especulando con la vivienda”. “Cómo es posible pagar 600 euros de alquiler de media si los salarios están en 1.100 euros”, se preguntó.
Hernández subrayó que “la mercantilización” de la vivienda contraviene el artículo 47 de la Constitución Española, “expulsa a los vecinos y vecinas de toda la vida, encarece los precios y precariza la situación de los trabajadores y trabajadoras”, especialmente los del sector turístico, además de “degradar el territorio”, que, según el manifiesto al que se dio lectura al término de la manifestación, se produce a través de pelotazos urbanísticos, hoteleros y la llegada masiva de cruceristas con nefastas consecuencias para los servicios públicos y la crisis climática que vivimos”.
Los colectivos que han participado en la marcha señalan a las administraciones públicas como cooperadores para llegar a esta situación de crisis. Y, en el ámbito local, han apuntado al alcalde, Bruno García, por su “compadreo con el sector inmobiliario, como el Grupo Abu, y plantear “el pelotazo urbanístico” como solución a los problemas con la vivienda, “o tratar entre algodones a la patronal de los pisos turísticos que promueve abiertamente el destrozo de nuestros barrios y quitarnos más viviendas”. También han tenido palabras de apoyo a Tamara Manzano, “desahuciada de una vivienda pública de Procasa el pasado martes”.
En cuanto a la Junta de Andalucía, lamenta que “persista su negativa a reducir y retirar licencias de pisos turísticos”, y, sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, alertan de que “continúa la senda de pedir solidaridad a los rentistas y los especuladores optando por regarles con ayudas y dinero público, sin tomar ninguna medida real y efectiva”.
Entre las propuestas puestas sobre la mesa por los organizadores, incluyen la regulación de los precios de venta y alquiler, la persecución de los pisos turísticos ilegales, el incremento del parque público de vivienda con carácter social, alcanzar acuerdos con propietarios para sacar al mercado los inmuebles desocupados o regular el número de turistas.
Por último apuestan por “cambiar un modelo proudctivo en Cádiz que no genera trabajos ni empleos dignos”.
“Queremos que Cádiz sea una ciudad para vivir, no para el turismo y los especuladores”, concluyó Hernández, confiando en que, “organizados, seremos más, porque Cádiz no se vende, no nos vamos, nos quedamos en Cádiz”.
