En declaraciones a Europa Press previas a su comparecencia en la Comisión de Salud del Parlamento autonómico, Montero ha mostrado sus condolencias a la familia de Ramona "porque me consta que lo han pasado muy mal, no sólo por la muerte de una madre, sino además por las circunstancias que han rodeado a su caso que ha hecho que la familia haya tenido una pena aún más profunda".
En cuanto a los resorte de la norma autonómica, ha aclarado que la ley andaluz recoge precisamente el que la familia "pueda decir por el paciente en el caso de que éste no pueda pronunciarse". Al hilo de ello, ha expuesto a modo de ejemplo los casos en los que una persona "tiene que ser operada pero se le pide el permiso complementario a la familia del enfermo, "entre otros motivos porque el paciente puede estar inconsciente o no estar en condiciones de contestar".
"Además se da la circunstancia de que en el caso de Ramona no habido dudas en cuanto a la familia porque ni tan siquiera eran pacientes lejanos sino sus propios hijos", ha recalcado Montero, quien, no obstante, ha admitido que las asociaciones provida "tienen derecho a irse a los juzgados, no porque sea legítimo que denuncien la ley sino porque los juzgados están abiertos a todos los ciudadanos y asociaciones".
"No se le puede coto a la persona a que denuncie lo que en su momento considere que es delito, aunque será competencia de la autoridad judicial archivar el caso o llamar a las partes", ha recordado.
Preguntada si existen actualmente en Andalucía y resto de España casos similares que puedan desembocar en una situación análoga a la de Ramona Estévez, la titular del ramo ha reconocido a Europa Press que su departamento no tiene constancia de casos del tipo.
Sea como fuere, ha enfatizado que con el caso de Ramona Estévez "se ha comprobado que la ley funciona, ya que establece que, en caso de cualquier incidencia en el proceso asistencial, el centro es el que garantiza que se aplicaran los mecanismos necesarios, como así ha sido, para garantizar el cumplimiento de lo expresado por la paciente".
Eso implicaba, ha zanjado, "que no hubiese problemas como el que nos encontramos con Inmaculada Echeverría, con la que tuvismo que proceder al traslado de centro hospitalario".
Ramona Estévez fallece tras 14 días sin sonda y ajena a la polémica
Ajena a toda la polémica que ha suscitado su caso, Ramona Estévez falleció este martes en el Hospital Blanca Paloma de Huelva, donde permanecía ingresada desde el 26 de julio a causa de un infarto cerebral y donde el 23 de agosto le retiraron la sonda nasogástrica en cumplimiento de la ley andaluza de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, más conocida como ley de muerte digna.
El caso de esta anciana de 91 años saltó a la luz pública a raíz de la queja presentada por el hijo de la fallecida, José Ramón Páez, ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para pedir el cumplimiento de la ley, dado que según su testimonio, su madre -en coma tras el infarto- había expresado, no por escrito pero sí verbalmente y ante testigos como la enfermera de su centro de salud, que “ella, con 91 años, no quería vivir más con sondas ni con nada, ni quería ir más al hospital y que la dejaran morir tranquila”.
Por ello, ante la insistencia del personal médico (según la versión del hijo) de la Blanca Paloma -propiedad del grupo Pascual- de poner una sonda a su madre para alimentarla, pues con suero solamente podría deshidratarse, Páez, asesorado por la asociación Derecho a Morir Dignamente, recurrió a la Consejería, que se puso en contacto con el centro hospitalario, ya que el rechazo del tratamiento está “perfectamente” contemplado en la Ley de Muerte Digna, según reconoció en su momento la consejera, María Jesús Montero.
Tras esta llamada de atención, el hospital procedió, el 23 de agosto, a retirar la sonda nasogástrica a Ramona Estévez, una decisión que motivó la aparición en escena de la Asociación Derecho a Vivir (DAV), que no dudó en llevar el tema a los tribunales para pedir el restablecimiento de la sonda nasogástrica a la paciente, entendiendo que se trataba de un caso de eutanasia; así como denunciar a la consejera de Salud, al Hospital Blanca Paloma y al personal sanitario que retiró la sonda por los posibles delitos de omisión del deber de socorro y de inducción o asistencia al suicidio.
Tras el archivo de la denuncia, DAV volvió a presentar otra querella, que el pasado lunes fue de nuevo archivada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva. Sin embargo, pese a la nueva desestimación y a que Ramona Estévez ya ha fallecido, la asociación mantiene su decisión de recurrir el auto judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el caso de la consejera, y ante la Audiencia provincial, en el resto.
Así lo indicó este martes a Viva Huelva el delegado en la provincia de Derecho a Vivir, Eduardo Gómez Pirlich, que precisó que el motivo de mantener el recurso es “esclarecer todo lo que ha pasado y que los responsables de estos hechos respondan ante la justicia”. No obstante, lamentó que “de momento, el peso de la política en la Administración de Justicia se ha hecho notar, desestimando las demandas y querellas presentadas hasta el momento”.
Del mismo modo, Gómez hizo hincapié en que la anciana ha fallecido “no por su enfermedad, sino porque no le han dado alimento ni hidratación durante dos semanas, y eso es eutanasia, porque la sonda no era un tratamiento médico, sino un cuidado básico”.
Por su parte, la portavoz nacional de Derecho a Vivir, Gádor Joya, indicó en un comunicado remitido a este periódico que “este caso debe servir para que la población tenga muy en cuenta que a partir de ahora, cualquier enfermo que entre inconsciente en la urgencia de un hospital puede enfrentarse a que un tercero decida si su vida merece la pena ser vivida”.
“Largo sufrimiento”
Por contra, la coordinadora de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Isabel Torres, ha valorado el cumplimiento de la ley de muerte digna, aunque lamentó el “largo sufrimiento” que, a su juicio, ha tenido que vivir la familia de la paciente “como consecuencia de la presión ejercida por los grupos provida”.
Además, confió en que este caso “sirva al menos para que los médicos se conciencien un poco más, que sepan que la ley está ahí y que los enfermos, o en su defecto los familiares, están en todo su derecho de pedir que se aplique la norma”.
Mientras, el hijo de la fallecida se mostraba aliviado por el hecho de que su madre “ya esté descansando” e insistió en que lo único que se ha hecho, en relación a su madre, ha sido cumplir la voluntad que muchas veces la anciana expresó en vida.
Todos han hablado: la familia, la consejera de Salud, la ministra de Sanidad, las asociaciones y hasta el obispo de Huelva. Ramona Estévez quería “morir tranquila”, según dijo su hijo, pero su caso se convirtió en debate nacional. Descanse en paz.
La Delegación de Salud y el Colegio de Médicos guardan silencio
Tras la muerte de Ramona Estévez, la Delegación Provincial de Salud ha preferido guardar silencio y se remite a las declaraciones que en su día hizo la consejera, María Jesús Montero, que aseguró que el “rechazo al tratamiento” en el caso de esta paciente, en coma tras sufrir un derrame cerebral, era un supuesto “perfectamente contemplado” en la ley andaluza de muerte digna.
Por su parte, el Colegio de Médicos, que este martes celebró una reunión extraordinaria de su junta directiva y de su Comisión Deontológica para abordar el tema, tampoco ha querido hacer declaraciones al respecto, una postura que mantendrán hasta que “no concluya definitivamente el proceso judicial abierto”, indicó a Viva Huelva su presidente, Juan Luis González.
Del mismo modo, también explicó que no se pronunciarán “hasta que el debate de este tema se haya visto liberado de la crispación que en la actualidad lo envuelve”. Además, apuntó que el Colegio “sólo dispone de la información que han publicado los medios de comunicación, una base de partida muy pobre para un pronunciamiento que en lo profesional debe ser muy completo”.
