El delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez (PP), se ha referido este martes a las detenciones dentro de la Operación Madeja por un presunto delito de cohecho del que fuera asesor municipal con el exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), Domingo Enrique Castaño, y de su mujer y ha asegurado que "detrás de los nombres y apellidos de los detenidos, de los investigados por patrimonio ilícito e imputados hay una responsabilidad política del partido que gobernaba en el mandato anterior".

   En rueda de prensa, Pérez ha asegurado que el día de las elecciones municipales "se hizo una tabla rasa, en la que se estableció la frontera entre el pasado, el presente y el futuro". "Pensaron que el pasado se cerraba y ya no se volvería a hablar de él", ha subrayado el concejal, que ha hecho hincapié en que no es el PP quien habla del pasado, sino que "son los hechos pasados los que se traducen hoy en detenciones, causas judiciales, enriquecimientos ilícitos, investigaciones de patrimonio y maquinación para alterar los precios de las cosas. El pasado se hace presente y futuro".

   El 'popular' ha asegurado que casos como el de la Operación Madeja, por la que este martes se han producido cuatro detenciones "no dejan al partido en el gobierno mantener a la ciudad alejada de la corrupción y del cohecho".

   No obstante, ha concluido alegando a que los ciudadanos "tienen que confiar en su gobernantes", ya que fue el PP "el primero en denunciar el ERE irregular de Mercasevilla", caso del que ha surgido la pieza separada abierta por la jueza Mercedes Alaya por un presunto delito de cohecho de Domingo Enrique Castaño al recibir supuestamente dádivas a cambio de la adjudicación de contratos de mantenimiento a determinadas empresas, como Fitonovo o Fiverde, cuando estaba al frente del área municipal de Vía Pública, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

   Esta operación, denominada 'Madeja', se encuentra vinculada a la investigación que lidera la juez Mercedes Alaya en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, en el marco de la cual la magistrada pidió a la Guardia Civil que investigara el enriquecimiento "sospechoso" de Castaño, que finalmente ha sido cifrado por los investigadores en unos 300.000 euros.