La Fiscalía ha rebajado hoy de cinco a dos años y siete meses la petición de cárcel para cada uno de los cuatro policías locales de Sevilla acusados de falsificar en 53 ocasiones las citaciones a juicios para cobrar las dietas, por lo que también les pide inhabilitación especial de 2 años y tres meses.
En sus conclusiones definitivas, el fiscal ha explicado que ha rebajado la solicitud por la atenuante muy cualificada que supone la devolución del dinero que obtuvieron de las dietas, que asciende a 5.038 euros entre los cuatro, y ha añadido que "ojalá se pudiera tramitar un indulto" para los agentes.
En la última sesión del juicio, el fiscal ha dicho que la inhabilitación especial de dos años y tres meses supone la pérdida del "modus vivendi" de los agentes, y ha agregado que este caso le ha sido "traumático" porque ha sido profesor en la escuela de policías.
En este sentido, ha dicho que la intención de la Fiscalía no era "hacer sangre" con los policías, y ha agregado que intentó retirar la inhabilitación especial en una negociación con los abogados de la defensa, de los que destacado su "fantástico" trabajo, lo que no ha podido hacer porque se lo impiden "los márgenes de la ley".
Si los policías no fueran funcionarios y se tratara de particulares, en este caso habría pedido un año y seis meses de prisión, ha precisado el fiscal.
Este caso se destapó, ha revelado el fiscal, cuando uno de los policías acusados estaba de baja para cuidar a un hijo y, sin embargo, presentó tres dietas de asistencia a juicios.
El fiscal ha subrayado que este caso "es una investigación, no una persecución", y ha dicho que el juzgado de instrucción 7 de Sevilla, que lo instruyó, "no es un reino de taifas", lo que podrían ser otros, ha apuntado.
Para acusar a los policías, la Fiscalía ha considerado clave el informe pericial que aludía a tampón manipulado que se usaba para falsificar las citaciones judiciales.
Los agentes, por su parte, negaron ayer que hubieran cometido ese delito y añadieron que la carpeta que contenía los documentos que acreditaban su presencia en las sedes judiciales no tenía control.
Los cuatro acusados, del grupo Giralda, que patrulla de paisano por Sevilla, insistieron en que la mayoría de las veces, los agentes judiciales les sellaban los documentos que confirmaban su asistencia a los juicios, en algunos de los cuales no tenían que intervenir porque había conformidad con las penas pedidas o el juez consideraba que no era necesario su testimonio.
La Fiscalía acusa a los policías de un delito continuado de falsedad en documento público cometido por funcionario público en concurso medial con otro delito de fraude y exacciones fiscales.
En su acusación, la Fiscalía afirma que los cuatro "tramaron un plan" para cobrar los 34,75 euros por asistencia a actos judiciales entre 2007 y 2011, cuando el Ayuntamiento dejó de pagar esas dietas, que pagaba por actos judiciales fuera de las horas de servicio.
